Claudia Espino, secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se investigan 26 casos que podrían no cumplir con los requisitos para asumir algún cargo en el Poder Judicial.
Durante la sesión del INE, dijo que ya se solicitó información a autoridades jurisdiccionales para determinar si hay hallazgos que permitan inferir que alguna de ellas no cumple con los requisitos para asumir algún cargo en el Poder Judicial.
En el informe se detallan los primeros 13 casos investigados en los que, por el momento, no existe sentencia firme de algún delito cometido por esas personas y que le impidan asumir algún cargo.
AÚN NO SE REVELA A LOS RESPONSABLES.
Claudia Espino, secretaria Ejecutiva informó que se han otorgado 16 garantías de audiencia y que ayer se encontraban en análisis cinco casos recibidos entre el 1 y 3 de junio.
Durante la sesión, la consejera Dania Ravel advirtió que el INE tiene que velar por los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pero debe confirmar la existencia o no de resoluciones judiciales o administrativas firmes.
“Creo que en esto tenemos que hacer particular énfasis para no generar falsas expectativas, desde la perspectiva de que, únicamente a una persona se le pueden suspender el ejercicio de sus derechos políticos-electorales y, específicamente, el derecho a ser votada, integrar un órgano colegiado, si existe una resolución firme en donde esa persona ya haya sido escuchada y vencida en un juicio y se hayan agotado todas las instancias en donde se haya comprobado que, efectivamente, incurrió en alguna infracción que amerite la suspensión de sus derechos políticos electorales”, dijo.
La consejera Carla Humphrey habló de dos casos sospechosos en los que las autoridades no han contestado los requerimientos del INE: uno es sobre una persona posible deudora alimentaria.
“Y el otro una persona candidata denunciada por el delito de violación a una persona menor de edad y por estar prófuga de la justicia, y que cuenta con una sentencia con fecha de noviembre, al mes de noviembre de 2022, en la que se desprende que existen elementos que podrían indicar que la persona candidata tiene una orden de aprehensión en su contra por la probable responsabilidad en el hecho que la ley señala como un delito de violación en agravio de dos víctimas menores de edad”, comentó.
De acuerdo con el INE, el procedimiento de revisión conocido como 8 de 8 contra la violencia es un instrumento normativo básico para determinar la pérdida de registro de aquellas candidaturas que por sentencia firme, se ubiquen en cualquiera de los supuestos relacionados con la violencia en diversas modalidades.
Los ocho supuestos de violencia de género son: Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; cuando afecte el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar; violencia doméstica: violación a la intimidad sexual; violencia política, y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
