Los programas sociales han sido usado durante muchos años para sumar votos en las elecciones de México; sin embargo, recientemente, esto se ha visto envuelto en polémicas, pues se asegura que es un delito grave, pero varios políticos los han aprovechado para hacerse promoción personal.
Pero, ¿es verdad qué el uso de programas sociales como promoción personal es ilícito? En Nación321 te explicamos.
Cada que hay elecciones y comienzan las campañas o antes, la Secretaría de Bienestar se da a la tarea de recordar que la Constitución establece que el uso electoral de los programas sociales es delito grave.
Además, hace un llamado a las personas servidoras públicas a conducirse con rectitud y hacer valer los principios de imparcialidad y neutralidad en el marco de los procesos electorales vigentes.
Además, exhorta a la población a ejercer la denuncia ciudadana ante cualquier mal uso de los programas sociales.
Asimismo, se prohíbe la entrega de apoyos calendarizados dentro de la semana correspondiente al cierre de campañas y jornada electoral; la realización de altas, bajas y cambios en padrones de derechohabientes; la entrega o inauguración de obras en este lapso, y la celebración de actos masivos con derechohabientes de programas sociales.
¿CÓMO SE SANCIONA?
Este tipo de delitos se sanciona con prisión de tres a ocho años y de 300 a 600 días de multa a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.
Para ejercer la denuncia ciudadana la población puede llamar directamente al número 800-833-72-33 de FEDETEL, puede ingresar a FEDENET (www.fedenet.org.mx), o bien puede accesar al sistema electrónico de la Secretaría de la Función Pública: http://sidec.funcionpublica.gob.mx