¿El feminicidio de Debanhi Escobar más bien se trató de una 'caída accidental' en una cisterna? ¿La muerte de le magistrade Jesús Ociel Baena fue derivado del ataque su pareja sentimental, quien posteriormente se quitó la vida?, son preguntas que se hace sociedad civil en respuesta a versiones con las que las autoridades de procuración de justicia buscan cerrar más de un caso.
"Lo que le importa a la autoridad es la legitimidad social, pero no el debido proceso ni las víctimas (...) se debe poner atención en el tema pericial, en cómo actúan los encargados de ello, sobre todo cuando se trata de muertes derivadas de posible discriminación", dice en entrevista María de la Luz Estrada, Coordinadora General del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
En México las principales causas de discriminación son el género, la edad, así como la identidad de género y preferencia sexual. A la hora en que personas de estos estos grupos son agredidos por estas causas, se comete un crimen de odio, que no es otra cosa que un delito cometido por intolerancia o prejuicios.
Pero el horror no culmina ahí, activistas y organizaciones como Amnistía internacional, han advertido en más de un caso que "las autoridades mexicanas han actuado de una manera que puede afectar el acceso a los derechos de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación".
Casos como el feminicidio de la joven Debanhi Escobar, quien fue asesinada en abril del 2022 y cuyo cuerpo fue hallado 13 días del reporte de su desaparición, o como el del reciente asesinato de le primer magistrade de América Latina, Jesús Ociel Baena, cuyo cadáver y el de su pareja yacían en el suelo de su domicilio en Aguascalientes, tienen algo en común: las primeras versiones de las Fiscalías estatales sobre lo sucedido marcan un camino de revictimización de las personas afectadas y sus familias, coinciden activistas.
Sobre este tema, no sólo acusan un mal manejo de las primeras versiones de los hechos, de parte de las autoridades encargadas de impartir justicia, además afirman que hay un sistema corrompido a tal punto que, desde el interior de las instituciones, se protege a los agresores, una situación que genera las condiciones suficientes para entorpecer el acceso a la justicia.
En entrevista para Nación321, el presidente de Sinaloa Incluyente A.C., Tiago Ventura, indica que, al menos en el caso de le magistrade, hay un evidente "mal manejo de comunicación de parte de la Fiscalía de Aguascalientes al respecto de este tema", pues al 'adelantarse' en dar un 'móvil' del asesinato, pese a no establecer una investigación más robusta, tiende a revictimizar al afectade y dicta una línea de investigación que descarta las posibilidades de un crimen de odio por identidad de género.
"Es bastante grave y triste que los asesinos estén dentro del mismo sistema y ellos puedan decidir de qué manera te mueres y de qué manera tienen que creerse los demás que te has muerto, entonces es grave lo que está sucediendo, no solamente con las personas LGBTTTIQ+, eso nos habla de un grado de corrupción grande dentro de las personas que administran la justicia en el país", acusa.
He solicitado a la @FGRMexico la atracción de la investigación del crimen de mi hermane @ocielbaena. La @fiscaliaAGS no ❌ es confiable y exigimos al @GobiernoMX intervenga. @arturomedinap
— Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) November 16, 2023
¡JUSTICIA PARA OCIEL! 🏳️⚧️🏳️🌈 pic.twitter.com/4oZEJgUQmw
Otro ejemplo de autoridades que buscan imponer cómo murió una persona víctima de un crimen de este tipo, es el caso de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio por parte de su esposo Julio César Hernández, policía del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. El asesinato ocurrió en 2010 y entonces se tomó por verídica la versión del agresor, quien aseguró que Mariana se había suicidado.
La hipótesis se mantuvo, pero su madre luchó por años hasta conseguir que se reconociera el caso como un feminicidio, pues un día antes de su muerte, Mariana advirtió a su madre de la violencia que vivía en casa. Tras años de lucha con la sociedad civil, su agresor fue sentenciado en 2023, 13 años después.
¿Pero cuál es el riesgo de adelantar y dar por hecho 'versiones' que no terminan de investigarse? Al respecto, el activista Tiago Ventura explica que la mala conducción de las autoridades deja al descubierto un abanico de problemáticas, como las múltiples violaciones al proceso de investigación y lo complejo que se torna acceder a la justicia en México:
Si el caso del magustrade Jesús Ociel Baena, que era "una persona visible, con un cargo de poder", fue 'manchado' por una mala actuación de autoridades locales, dice, es necesario pensar en "cómo serán tratadas las personas LGBTTTIQ+ más vulnerables", quienes no han encontrado justicia.
Refiere que, según las "estadísticas que tiene el Observatorio Nacional de Crímenes Odio contra de personas LGBT, cada estado tiene alrededor de menos del 1% de casos resueltos en crímenes de odio, esto desnuda cómo es el acceso a la justicia para las personas de la diversidad sexual, desde la denuncia hasta cómo somos tratados y revictimizados".
Además, explica, "es muy lamentable cómo se filtran fotografías del cadáver del magistrade, a pesar de que ya es un delito federal. Esto solamente desnuda el grave deterioro [de las fiscalías] y el grave estado de emergencia en el que vivimos las personas para poder tener justicia", señala.
Para las mujeres, otro grupo víctima de violencia sólo por identidad, en este caso su género, las cosas no son mejores. María de la Luz Estrada, explica que en muchas ocasiones las autoridades prefieren no actuar y abusan del desconocimiento y hasta miedo de las familias de las víctimas.
"La autoridad muchas veces lo único que hace es buscar que no la molesten, evitar el mayor cuestionamiento", apunta.
Pero Ventura va más allá en su análisis y afirma que "los mismos asesinos están dentro de los espacios de poder y entre ellos mismos arman estas deliberaciones que nos parecen absurdas y, al ser ellos autoridades y poder cerrar el caso por las carpetas de investigación o decir 'fue de esta manera', "no hay para dónde hacerse".
Para María de la Luz Estrada, casos como el de Debanhi Escobar, Mariana Lima o Lesvy Berlín, son ejemplos de cómo en ocasiones, ante la inacción y revictimización, son las familias de las personas agredidas quienes tienen que hallar pruebas periciales para que los crímenes sean tipificados como lo que son y además, puedan limpiar la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio.
"La población está en orfandad (...) Las familias son las que hacen la investigación, la que buscan peritajes con la sociedad civil, pues las fiscalías siempre van a querer indagar pero para reforzar sus propias hipótesis", dice al respecto.
En el actual caso de le magstrade, Ventura destaca en este sentido que ya "hay una iniciativa de parte activistas de la diversidad para buscar un peritaje internacional, alguien que en alguna institución pueda dar una versión que no tenga ningún sesgo y ni que no esté encubriendo a ninguna persona".
Buscan una ruta con la intención de acceder a la justicia, la misma que recorrieron los padres de Debanhi, en septiembre de 2022, cuando pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso de feminicidio de su hija, luego de acusar malos manejos y versiones "irreales" sobre las posibles causas del deceso de parte de la Fiscalía de Nuevo León.
Aunque a la fecha no hay un culpable detenido, el caso de Debanhi al menos ya es investigado como lo que fue: un feminicidio y para la comunidad LGBTTTIQ+ la aspiración es similar: que la justicia llegue y se reconozca que en México el odio mata y a veces, la 'justicia' también.
