En México, defender un bosque, un río o una comunidad se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Quienes deberían ser reconocidos por proteger nuestro patrimonio natural hoy enfrentan amenazas, desapariciones y, en demasiados casos, la muerte.
Los datos son alarmantes. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 25 personas defensoras del medio ambiente asesinadas durante 2024, una de las cifras más altas de la última década. En 2025 fueron asesinadas otras 10 personas, mientras se registraron 135 eventos de agresión y 314 agresiones específicas contra quienes defienden el territorio y los recursos naturales.
Pero existe un dato todavía más grave: de acuerdo con datos del CEMDA, la impunidad ronda el 95% en los asesinatos de personas defensoras ambientales. Es decir, la enorme mayoría de estos crímenes permanece sin castigo. Se amenaza, se agrede y se asesina a quienes protegen nuestro patrimonio natural mientras la justicia rara vez alcanza a los responsables.
Detrás de cada cifra hay una historia. Y también hay familias y comunidades que se quedan esperando respuestas; en abril de este año, Roberto Chávez, defensor de los bosques y mantos acuíferos de Villa Madero, Michoacán, fue asesinado a balazos. Su trabajo estaba vinculado a la protección forestal de una región afectada por la tala clandestina y el cambio de uso de suelo. Reportes periodísticos señalan que previamente había recibido amenazas relacionadas con su labor.
Días después, Lázaro Mendoza Ramírez, defensor ambiental de la región lacustre de Michoacán, desapareció. Cuatro días más tarde, las autoridades confirmaron mediante pruebas de ADN que su cuerpo había sido localizado dentro de una camioneta calcinada.
Dos defensores asesinados en un mismo estado y en cuestión de días deberían encender todas las alarmas. Proteger sin investigar es insuficiente; investigar sin sancionar perpetúa la impunidad.
No basta con condenar estos hechos después de que ocurren. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar condiciones para que quienes defienden nuestros recursos naturales puedan hacerlo sin poner en riesgo su vida.
Necesitamos mecanismos de protección que funcionen antes de la tragedia, protocolos capaces de reaccionar frente a una amenaza y fiscalías que investiguen eficazmente las agresiones hasta encontrar y sancionar a los responsables.
La impunidad también destruye nuestros bosques. Cuando quienes denuncian la tala ilegal, el despojo territorial o la destrucción de los ecosistemas son silenciados, el mensaje para los agresores es peligroso: pueden continuar.
Debemos tener muy presente que cuando desaparece una persona defensora del medio ambiente, México no pierde solamente una voz. Perdemos también a quienes están defendiendo el agua que bebemos, los bosques que respiramos y el territorio que heredaremos a las presentes y futuras generaciones.
