Después de la euforia vino la resaca. No hablo de la deportiva, sino de la ambiental.
Las celebraciones por el Mundial dejaron una imagen que se ha vuelto habitual tras cualquier evento masivo en la Ciudad de México: calles cubiertas de vasos, platos, envases, bolsas y empaques desechables. En cuestión de horas se generaron toneladas de residuos que, una vez más, pusieron en evidencia las limitaciones de nuestra política de gestión de residuos.
El pasado 1 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una nueva estrategia de separación de residuos. A partir de esa fecha, los hogares debían entregar sus desechos clasificados en orgánicos, reciclables y no reciclables, con una meta ambiciosa: que para 2030 el 50% de los residuos generados en la capital fueran reciclados o transformados antes de llegar a un relleno sanitario.
La estrategia contemplaba la capacitación del personal de limpia y de promotores ambientales, la incorporación de nuevos camiones recolectores y una campaña para impulsar una nueva cultura de separación de residuos.
El diagnóstico era correcto. La implementación, no.
Apenas unos días después de su entrada en vigor, en muchas colonias los camiones recolectores seguían recibiendo bolsas mezcladas y, en otros casos, los residuos previamente separados terminaban revolviéndose durante la recolección. Para miles de ciudadanos el mensaje fue claro: si el propio sistema no garantiza la separación, ¿para qué separar en casa?
Ninguna política pública que dependa de la participación ciudadana puede tener éxito si no genera confianza. Y la confianza se construye con resultados, no con anuncios.
Sin embargo, aun suponiendo que la recolección diferenciada funcionara de manera impecable, seguiríamos enfrentando un problema de fondo.
Separar los residuos no reduce la cantidad de basura que producimos; simplemente permite recuperar una parte de ella. Es una política necesaria, pero insuficiente. Seguimos actuando al final de la cadena, cuando el verdadero desafío está al principio: evitar que millones de productos desechables lleguen todos los días al mercado.
En otras palabras, estamos concentrando nuestros esfuerzos en administrar mejor la basura, cuando deberíamos estar trabajando para que se genere menos basura.
Eso no significa que la ciudadanía quede exenta de responsabilidad. La falta de acción del gobierno no puede convertirse en un pretexto para justificar nuestra propia inacción. Reducir el consumo de desechables, llevar recipientes reutilizables, evitar productos con empaques innecesarios y separar correctamente los residuos sigue siendo una obligación de todos.
Pero tampoco es válido trasladar toda la responsabilidad al consumidor. Si queremos reducir de manera significativa la generación de residuos, las políticas públicas deben dejar de enfocarse exclusivamente en la demanda y empezar a intervenir sobre la oferta: regular la producción, distribución y comercialización de productos desechables. Mientras esa conversación siga ausente, la resaca ambiental continuará repitiéndose después de cada gran celebración.
