El gobierno mexicano manifestó su inconformidad con la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, que este jueves determinó que los fabricantes de armas están protegidos por una ley que les otorga inmunidad ante demandas por daños ocasionados con sus productos.
La resolución, publicada en el sitio web oficial de la Corte, concluye que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) impide responsabilizar legalmente a las compañías armamentistas por facilitar, de forma indirecta, el tráfico ilícito de armas a México. La Corte sostuvo que no se probó que las empresas demandadas hayan “ayudado e instigado” directamente esas actividades ilegales.
El fallo anula una decisión previa de una Corte de Apelaciones que había dado luz verde a la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en 2021. Ahora, el caso regresa a una Corte de Distrito para continuar su curso conforme a los lineamientos dictados por el máximo tribunal estadounidense.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su desacuerdo y reiteró su compromiso de combatir el tráfico ilegal de armas a través de vías legales y diplomáticas. Según la cancillería, el país ha presentado evidencia que vincula a los fabricantes con el flujo de armamento que alimenta la violencia y fortalece a los grupos delictivos en territorio nacional.
La demanda fue presentada originalmente en agosto de 2021 ante una corte federal en Boston, Massachussets. En enero de 2024, el Primer Circuito de Apelaciones consideró que México había expuesto argumentos suficientes para avanzar en el litigio, al señalar que las compañías demandadas habrían facilitado la entrada ilegal de armas al país.
El gobierno mexicano recordó que esta decisión no afecta una segunda demanda presentada en 2022 en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas distribuidoras de armas. Ese caso continúa en proceso, actualmente en etapa de recopilación de pruebas.
Además de los litigios en tribunales estadounidenses, México ha impulsado el tema en foros internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2021 aprobó la resolución 2616 sobre el combate al tráfico de armas. También se espera un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto.
