El pasado domingo, al asumir la presidencia nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes pronunció un fuerte mensaje a la militancia, en el que advirtió que la corrupción debe ser desterrada del movimiento que ahora encabeza.
“En Morena los corruptos no tienen cabida (…) lo que está en juego, escúchenlo bien, es la autoridad moral y política que nos dio la legitimidad para llegar al poder”, dijo ante decenas de morenistas aglutinados en el VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido.
Además lanzó una advertencia para quienes, en adelante, busquen se cobijados por Morena para buscar un puesto de elección popular: “desde ahora, un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027, deben tener una trayectoria impecable”.
La importancia de este mensaje hace eco en un momento crítico para el partido en el poder, con algunos cuadros relevantes que enfrentan señalamientos, incluso internacionales, por malas gestiones, en diferentes niveles de gobierno.
Por ello, y a manera de comprender el tamaño de la encomienda que tiene la nueva presidenta morenista, en Nación321 hacemos un recuento de las figuras de este partido que han sido acusadas y, en algunos casos, sentenciadas por diferentes delitos.
RUBÉN ROCHA MOYA
La actual coyuntura política del país ‘descansa’ en la acusación que enfrenta el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por nexos con el crimen organizado, específicamente con ‘Los Chapitos’, facción del dividido Cártel de Sinaloa.
Según la acusación formal del gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador morenista, se le señala de conspiración para importación de drogas, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivo, cargos por los que podría pasar, como mínimo, 40 años tras las rejas.
En su acusación del pasado 29 de abril, Estados Unidos definió a Rocha Moya como “un político veterano, fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, con el apoyo de Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Destacó que “para respaldar la elección de Rocha Moya, los líderes de Los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a los miembros de este grupo criminal robar las papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición”.
Lo anterior, a cambio, señaló el oficio, de que Rocha Moya asistiera “a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del Cártel, en las que prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel. Esas reuniones estaban custodiadas por sicarios del cártel, armados con ametralladoras y otras armas”.
Reveló que, “según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo en su elección, Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”.
Aunque desde el oficialismo se ha acusado a Estados Unidos de no presentar pruebas contundentes para señalar a Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos para proceder a una posible detención y extradición, el propio gobernador ya se separó temporalmente del cargo para ser investigado de los delitos de los que se le acusa.
DIEGO RIVERA
Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido el pasado 5 de febrero, junto a tres integrantes de su gestión, como parte de la Operación Enjambre, un despliegue federal que investiga presuntos esquemas de extorsión y corrupción vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Autoridades lo acusan de “liderar una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público”.
Apenas en diciembre pasado, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, indicó que había una investigación en curso en contra de la administración de Tequila, derivada de una denuncia presentada por Grupo Cuervo, empresa mexicana encargada de la producción del tequila José Cuervo.
La tequilera acusó directamente a los funcionarios por exigirle pagos a cambio de permitirle operar en el municipio.
El nombre de Diego ‘N’ volvió a generar atención en mayo de 2025, cuando fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado tras un concierto del grupo Los Alegres del Barranco, en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, abatido líder del CJNG.
Aunque el alcalde negó responsabilidad directa, el episodio reforzó las sospechas sobre una posible tolerancia o cercanía de su administración con el grupo criminal.
Actualmente el alcalde morenista está imputado por delincuencia organizada con fines de secuestro, incorporando el agravante de que los hechos habrían sido cometidos por servidores públicos en funciones.
HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA
Aunque Morena se ha deslindado de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, el caso impactó al partido debido a que fue un alto funcionario durante la gestión del morenista Adán Augusto López.
El exfuncionario fue aprehendido en Paraguay, en septiembre de 2025, y extraditado a México, al ser señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, surgido como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
También enfrenta señalamientos por extorsión, pues se le imputa haber dirigido un esquema de cobro a comerciantes y empresarios locales bajo amenazas.
Además es acusado por secuestro exprés, al estar señalado por orquestar privaciones de la libertad con fines de obtener pagos rápidos.
De acuerdo con informes de inteligencia, sus nexos con estructuras criminales se remontan a finales de los años noventa, mucho antes de ocupar cargos públicos.
Bermúdez Requena ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión del senador Adán Augusto López, quien fue duramente criticado por tener a un presunto criminal como la pieza clave del combate contra el crimen en Tabasco, de 2019 a 2021.
ABELINA LÓPEZ
Uno de los perfiles más polémicos que tiene la autodenominada Cuarta Transformación es el de Abelina López, la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, que ha enfrentado diferentes polémicas por irregularidades en su gestión.
En junio de 2025 se supo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de López Rodríguez, por la presunta omisión en la comprobación del uso de recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal del año 2023.
Según información proporcionada por fuentes de la ASE a medios locales, el monto involucrado asciende a 898 millones de pesos, los cuales pertenecen al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), un recurso federal asignado a los municipios del país para el desarrollo de proyectos específicos en materia de infraestructura social básica.
En octubre de 2025, el congreso local analizó someterla a un proceso de juicio político por un presunto adeudo superior a los 177 millones de pesos destinados al pago de 19 laudos laborales aprobados desde 2022 por el Cabildo municipal.
López Rodríguez también se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que circulara una fotografía en la que se le ve portar un collar de la marca Van Cleef & Arpels, modelo Vintage Alhambra, una pieza valuada en más de 200 mil pesos.
Pero la alcaldesa morenista negó que la joya tenga ese precio y aseguró que se trata de una imitación hecha de acero. “Esa es la polémica. Este es acero, es steel, es steel, acero. Quién me la quiera adquirir por esa cantidad se la vendo, la verdad”, declaró ante medios de comunicación. Aseguró además que el collar “trae triunfo” y que la polémica es exagerada.
SEGALMEX, EL “GRAN CASO DE CORRUPCIÓN EN LA ERA AMLO”
En su conferencia matutina del 29 de junio de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el desfalco a Segalmex fue el caso de corrupción más grande de su sexenio.
“Es el caso de corrupción más escandaloso, más grande, y el único que hemos enfrentado (...) Nos dolió mucho“, dijo el presidente López Obrador al explicar que, apenas se enteró del hecho, pidió que se investigara.
Desde 2019, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), detectó y documentó diversas irregularidades en Segalmex (órgano descentralizado que dependía de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que buscaba la autosuficiencia alimentaria, distribuir productos básicos en comunidades rurales y contribuir a rescatar el campo).
Dentro de los señalamientos, estuvo un desvío multimillonario de recursos públicos, en un esquema que involucró a empresas fachada para el procesamiento de leche y la adjudicación directa de contratos por 67 millones de pesos a Grupo Marhel, filial de una empresa “fantasma”.
De acuerdo con MCCI, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigaba a esa empresa porque tenía un fideicomiso de unos 800 millones de pesos procedentes del presupuesto de Segalmex.
Por otro lado, el Informe de Resultados de Fiscalización de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el organismo no logró justificar 5 mil 640 millones de pesos.
En total, este caso representó un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos en compras simuladas y desvío de recursos.
Por este caso, en enero de 2022, el gobierno de AMLO separó de su cargo a diversos servidores públicos de Segalmex, Diconsa y Liconsa, por posibles irregularidades cometidas en contubernio con proveedores y prestadores de servicios.
En abril de ese año, René Gavira, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, fue vinculado a proceso, acusado de comprar títulos bursátiles con recursos del organismo.
Pese al escándalo, la gestión de AMLO no procedió en contra del titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, quien dejó al extinto organismo a finales de marzo de 2024 para unirse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.
OTROS ALCALDES MORENISTAS VINCULADOS CON DELITOS
MARÍA DEL ROSARIO MATÍAS
María del Rosario Matías, alcaldesa saliente de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, fue detenida el 23 de enero de 2025.
La política, que llegó al cargo como abanderada del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), se encontraba prófuga de la justicia desde noviembre de 2024, cuando las autoridades realizaron la ‘Operación Enjambre’.
María del Rosario y su esposo Pedro Luis, alias ‘Wicho’ y entonces alcalde electo de Santo Tomás, estaban acusados de brindar protección al grupo criminal La Familia Michoacana.
Según las autoridades, ambos mantenían “utilizaban recursos públicos para financiar actividades ilícitas". Además brindaban protección policial y datos que potencialmente servían para que La Familia cometiera extorsiones.
MARÍA ELENA ROBLES
Aunque ganó las elecciones bajo el abanderamiento de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Robles pasó a Morena para ejercer como presidenta municipal de Amanalco de Becerra.
La exalcaldesa fue sentenciada a70 años de cárcel por haber mandado matar, en enero de 2023, a su síndico municipal, Miguel Ángel Lara de la Cruz y al chofer de este, Guillermo Jerónimo Roque.
El juez que llevó el caso de esta mujer, quien servía al cártel de La Familia Michoacana, ordenó que la sentenciada debe pagar 414 mil 468 pesos por concepto de reparación del daño, por ambas víctimas mortales.
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, revelan que la sentenciada y acusada de homicidio calificado, ordenó, el 25 de enero de 2023, a quien fuese su amigo Miguel Ángel Lara, a que fuera a “arreglar unos asuntos” sobre la carretera Temascaltepec-Luvianos, en las inmediaciones de la comunidad de La Alcantarilla, en el municipio de Zacazonapan.
ERNESTO CRUZ DÍAZ
Ernesto Cruz Díaz, alcalde morenista de Cintalapa, Chiapas, fue detenido el 7 enero de 2026.
Ernesto Cruz tenía cuatro años en el cargo: su primera gestión fue de 2021 a 2024 y se reeligió para el trienio 2024-2027, en ambos casos por Morena.
Lo acusaron de ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción, malversación de recursos públicos y posible vinculación con grupos delincuenciales.
Se presume que daba protección y avisaban de operativos al llamado Cártel de Chiapas y Guatemala (CCHG), que hizo alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
