La mañana de este lunes 4 de mayo, Luisa María Alcalde Luján, nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, informó que la solicitud de detención con fines de extradición, en contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, presentada por el gobierno de Estados Unidos, carecía de las pruebas necesarias para justificarse.
Desde la Mañanera del Pueblo, Luisa Alcalde explicó las razones por las que Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios más no han sido detenidos u extraditados, pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo solicitó, al hallar presuntos nexos de estas personas con el Cártel de Sinaloa.
De forma precisa, aclaró que, hasta hora, la Fiscalía General de la República (FGR) ha determinado que dicha solicitud no aportó algún elemento de prueba que acreditara la urgencia del proceso, algo indispensable según el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, así como la Constitución.
“Aquí lo importante es que se deben contener elementos probatorios, precisamente para probar que es urgente esta solicitud. De ser así se solicita es la detención provisional con fines de extradición, y si esta se encuentra fundada, se abre un plazo de 60 días para entonces poder formalmente presentar la solicitud de extradición", dijo Alcalde.
