Hace unos días, la Jefa de Gobierno rindió su informe ante el Congreso de la Ciudad de México. Basta escuchar sus declaraciones para advertir que vive en una ciudad muy distinta a la que diariamente padecemos los capitalinos.
Sí, debemos reconocer que la Ciudad de México cuenta con uno de los presupuestos más amplios del país y que casi la mitad de sus ingresos proviene de recursos propios. Sin embargo, el problema no es cuánto dinero tiene el Gobierno, sino cómo decide gastarlo. Ahí está el verdadero reto: establecer prioridades que atiendan los problemas de fondo y no privilegiar las urgencias políticas ni las obras que generan resultados inmediatos, pero no necesariamente mejoran la vida de los ciudadanos.
Según datos del propio Gobierno de la Ciudad, ocho de cada diez pesos se destinan a gasto corriente y apenas dos a inversión en infraestructura. Esta proporción ayuda a explicar por qué, a pesar de los recursos disponibles, seguimos acumulando rezagos en servicios básicos que comprometen el futuro de la capital.
El agua es quizá el ejemplo más evidente. El 98% de las viviendas cuenta con servicio de agua entubada, pero solo el 76% recibe agua todos los días. Anualmente, en esta ciudad llueve aproximadamente un 17% más agua de la que consumimos. Invertir en sistemas de captación y aprovechamiento pluvial debería ser una prioridad. Literalmente estamos enviando al drenaje agua que nos hace falta.
A esto se suman las fugas. El propio Gobierno de la Ciudad reconoce que alrededor del 40% del agua se pierde debido, entre otros factores, a la antigüedad y el deterioro de las redes hidráulicas. Es decir, no solo dejamos ir el agua de lluvia: también perdemos una parte importante del agua que ya logramos extraer, potabilizar y distribuir.
Y mientras desperdiciamos agua, también reducimos nuestra capacidad de captarla. El suelo de conservación, fundamental para la recarga del acuífero, continúa bajo presión. Entre 1987 y 2010, la Ciudad de México perdió en promedio 470 hectáreas de cubierta vegetal cada año. Para 2020 se habían identificado 891 asentamientos humanos irregulares que ocupaban más de 3,138 hectáreas. Proteger este territorio no es un asunto secundario ni exclusivamente ambiental: significa proteger el agua y la viabilidad de la ciudad.
Garantizar que el agua llegue todos los días a los hogares requiere algo más que atender emergencias cuando las colonias se quedan sin suministro. Exige inversión sostenida, mantenimiento de la infraestructura y una política de largo plazo. Sin embargo, seguimos reaccionando ante las crisis en lugar de anticiparnos a ellas.
La movilidad es otro ejemplo de esta falta de planeación. Para 2026 se asignaron 25 mil millones de pesos al Metro, pero los usuarios continúan enfrentando retrasos, interrupciones del servicio e incidentes de humo que incluso han obligado a desalojar estaciones. El presupuesto puede ser histórico, pero la pregunta es si se está traduciendo en un servicio seguro, eficiente y confiable. Lo que debería ser la columna vertebral de la movilidad de la Ciudad de México se ha convertido, para miles de usuarios, en una fuente cotidiana de incertidumbre.
Una ciudad no se construye a partir de anuncios, ocurrencias ni soluciones de último momento. Se construye con planeación, inversión sostenida y decisiones que atiendan lo verdaderamente importante. Cada peso que hoy se destina a prioridades equivocadas es un peso que deja de invertirse en el agua que necesitaremos mañana, en el transporte que nos permitirá llegar a tiempo y en la infraestructura que hará posible vivir mejor.
La improvisación y el bomberazo pueden servir para salir del paso y resolver la coyuntura, pero no para gobernar una metrópoli. El costo de no planear no lo paga el gobierno: lo pagamos los ciudadanos, con menos agua, más tiempo perdido en el tráfico, servicios deficientes y una ciudad cada vez menos preparada para enfrentar su futuro.
