Cuando hablamos de medio ambiente en la Ciudad de México solemos pensar en la contaminación, la basura, la falta de agua o la pérdida de árboles, pero pocas veces hablamos de una decisión que está detrás de prácticamente todos esos problemas: cómo ocupamos el territorio. Algunos factores como dónde construimos vivienda, dónde permitimos edificios de mayor altura, qué zonas protegemos, dónde colocamos servicios, qué hacemos con el suelo de conservación y cómo conectamos nuestras colonias son determinantes en buena parte de la calidad de vida que tendremos en los próximos años.
Ahí radica la importancia del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la Ciudad de México. Puede sonar como uno de esos documentos técnicos que solamente interesan a urbanistas y funcionarios, pero no lo es. El PGOT está llamado a establecer las grandes reglas sobre la ocupación y el aprovechamiento del territorio de la capital y a articular asuntos tan importantes como vivienda, movilidad, agua, infraestructura, riesgos, desarrollo urbano y protección ambiental.
El problema es que esta discusión llega tarde. Durante años la Ciudad de México ha crecido acumulando problemas que después se intentan resolver por separado. Primero construimos y después nos preguntamos si hay suficiente agua; aumentamos la densidad y después descubrimos que las vialidades y el transporte están saturados; dejamos avanzar la mancha urbana y después nos preocupamos por recuperar los bosques y las zonas de recarga. Así no puede seguir creciendo una ciudad de más de nueve millones de habitantes.
Uno de los temas que debería estar en el centro del nuevo ordenamiento territorial es el agua. Cada nuevo desarrollo inmobiliario significa una nueva demanda de agua potable, drenaje, energía, movilidad y servicios públicos. Por eso las decisiones sobre densificación no pueden tomarse solamente pensando en cuántos departamentos caben en un terreno. También tenemos que preguntarnos si la infraestructura y los recursos naturales pueden soportarlos.
La planeación territorial debe tener una verdadera perspectiva hídrica. Antes de aumentar densidades debemos conocer la disponibilidad de agua, la capacidad de la red, las condiciones del drenaje y las posibilidades de captación e infiltración. No se puede seguir autorizando el crecimiento de la ciudad como si el agua fuera un recurso infinito o como si ampliar la infraestructura después fuera suficiente para resolver el problema.
Otro punto fundamental es el suelo de conservación. Los bosques, zonas rurales y áreas naturales que rodean y atraviesan la Ciudad no son terrenos vacíos esperando convertirse en desarrollos; son parte de la infraestructura ambiental que mantiene funcionando a la capital. Ahí se infiltra agua hacia los acuíferos, se captura carbono, se conserva biodiversidad y se ayuda a regular la temperatura.
El caso reciente de Chapultepec demuestra la contradicción. Mientras el Gobierno habla de proteger el territorio, se pretendió construir un complejo militar en una zona de valor ambiental y solo después de la polémica se replanteó su ubicación. La protección ambiental no puede depender de la presión pública ni de quién impulse una obra; necesita reglas claras que se respeten desde el principio.
Seguir perdiendo territorio natural tiene consecuencias directas para toda la ciudad: menor capacidad de infiltración de agua, pérdida de biodiversidad y mayor vulnerabilidad frente a inundaciones y temperaturas extremas. Por eso el PGOT debe establecer límites claros y mecanismos efectivos para protegerlo.
También tenemos que hablar de vivienda. La Ciudad necesita vivienda asequible y bien ubicada. Empujar a las familias cada vez más lejos de sus centros de trabajo genera viajes más largos, mayor contaminación y peor calidad de vida. Pero densificar tampoco puede convertirse en una autorización automática para construir sin considerar agua, movilidad, servicios públicos y espacio verde. La discusión no debería ser simplemente entre construir o no construir; la pregunta correcta es dónde, cuánto y bajo qué condiciones podemos hacerlo de manera sostenible.
Hay algo más que no puede quedar fuera: las personas que viven en cada territorio. Vecinos, pueblos y barrios originarios, comunidades rurales, especialistas, alcaldías y organizaciones deben participar realmente en estas decisiones. Ya vimos lo que ocurre cuando la participación se convierte en simulación: en la consulta anterior, mientras el Gobierno presumía cientos de talleres y foros, vecinos y organizaciones reunieron 9,828 firmas para exigir que se repusiera el proceso, cuestionando su difusión y representatividad. No basta con contar reuniones y asistentes; una verdadera consulta debe demostrar qué propuso la ciudadanía, qué se incorporó y qué se rechazó.
El ordenamiento territorial puede parecer un asunto lejano hasta que falta agua en nuestra colonia, aparece una torre junto a nuestra casa, desaparece un área verde, pasamos dos horas en el tráfico o una lluvia vuelve a inundar las mismas calles. Es entonces cuando entendemos que el territorio también es medio ambiente y que las decisiones de planeación terminan afectando directamente nuestra vida cotidiana.
La Ciudad de México necesita crecer, transformarse y generar vivienda, pero necesita hacerlo dentro de los límites que imponen su agua, sus ecosistemas, su infraestructura y la calidad de vida de quienes la habitamos. Una ciudad no se vuelve sustentable plantando algunos árboles después de construirla; se vuelve sustentable cuando decide bien, desde el principio, dónde y cómo crecer.
