El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes acaba de decir en voz alta lo que llevamos años gritando: la tecnología no puede seguir diseñada para hacer negocio con las personas. Su comunicado, lanzado el pasado 27 de agosto, no es un boletín más: es un avance en la exigencia de responsabilidades al modelo de negocio que convirtió la atención de las niñeces en materia prima.
El impacto del tiempo de exposición a las pantallas, el consumo de contenidos violentos, el ciberacoso y las manifestaciones psicoemocionales que el algoritmo causa en las NNA no se resuelven hablando de “uso responsable”, ni con recomendaciones, ni con controles parentales como parche. Es urgente establecer obligaciones legales para quien diseña el algoritmo.
Porque seamos honestas: durante años la conversación se centró en enseñarle a las familias a cuidarse solas de un sistema construido por los señores del internet, financiado por corporaciones multimillonarias, para volverlas dependientes. Eso nunca fue protección, fue abandono institucional disfrazado de pedagogía digital.
Lo que propone SIPINNA es el mismo camino que abrimos hace más de 13 años: nombrar el daño, señalar a quien lo produce y exigirle que responda ante la ley mexicana, no ante sus propios términos y condiciones.
Las violencias digitales tienen, al menos, dos condicionantes que no podemos seguir minimizando: sus efectos son de afectación continuada —el daño no termina cuando se cierra la app— y su alcance es extraterritorial, porque la plataforma que agrede desde un servidor en otro país sigue hiriendo aquí. Por eso, si operan en territorio nacional, que se hagan también responsables aquí.
Vamos tarde, pero vamos. Y en un continente donde más del 70% de la violencia digital sigue impune, ir en la dirección correcta ya es una victoria que hay que sostener luchando.
Necesitamos, además, un verdadero Pacto Global Digital: un tratado internacional que responsabilice a las plataformas y al código que viola las leyes. Las redes sociodigitales dejaron de ser redes de comunicación; son empresas privadas y monopólicas que tienen en sus manos nuestros datos..
Y esto no se resuelve solo prohibiendo. Se resuelve construyendo una política de educación digital que vaya más allá del software y el hardware; que apunte a la no deshumanización de los entornos digitales.
Falta todo lo difícil: que la exigibilidad no se quede en el papel, que haya sanciones que de verdad les duelan a las big tech, que se abra el código en lugar de esconderlo como secreto industrial.
Porque no hay progreso tecnológico que valga el cuerpo, el tiempo y la mente de nuestras infancias. Las personas no se monetizan, no se enganchan, no son tráfico ni dato vendible.
Que tiemble el algoritmo. Nosotras ya no vamos a pedir permiso para exigir justicia; vamos a construir ese tratado que la haga inevitable.
