Movimiento Ciudadano presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a partir de señalamientos contenidos en una denuncia formal presentada ante la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el documento, también se incluye al senador, Enrique Inzunza Cázarez, y la acusación se fundamenta en una resolución de imputación emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos como conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas, asociación delictuosa, encubrimiento y uso indebido de funciones, relacionados con el Cártel de Sinaloa.
En su posicionamiento, el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez sostuvo que los funcionarios señalados deben responder sin protección constitucional.
“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, publicó.
Además, agregó: “Por eso, el diputado Gibrán Ramírez Reyes y un servidor hemos solicitado el día de hoy que se dé inicio al proceso de desafuero”.
Por su parte, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Pío Esquer señaló que la solicitud se da en un contexto de crisis en la entidad y cuestionó la gravedad de los señalamientos.
“Francamente me parecieron muy graves sus declaraciones y son un duro golpe para nuestro estado”, dijo en referencia a un mensaje presidencial.
Esquer afirmó que “hacer como que no pasa nada sería hundir aún más a nuestro estado en la grave crisis social, política y de seguridad”.
También subrayó la necesidad de confianza en las autoridades: “Todas y todos los sinaloenses tenemos que tener la certeza de que quienes nos gobiernan no son parte del crimen organizado”.
Finalmente, justificó la acción legislativa: “Por eso hoy presentamos esta solicitud de desafuero. Sinaloa merece verdad, justicia y paz”.
El documento presentado ante la Cámara de Diputados señala las acusaciones derivadas de la investigación del gobierno de Estados Unidos, lo que (según el texto) ha generado una “severa crisis en la relación bilateral”.
Asimismo, se mencionan antecedentes de 2021 en los que, según el escrito, se habrían incorporado investigaciones de autoridades extranjeras sobre presuntos apoyos del crimen organizado en procesos políticos en Sinaloa.
La solicitud busca que se inicie el procedimiento de desafuero para que los funcionarios señalados puedan enfrentar las acusaciones sin inmunidad constitucional.
