El proceso legal en contra del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por sus nexos con el narcotráfico es apenas el principio de la persecución de los “narcoterroristas”.
Así lo advirtió el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
En un mensaje en X, este comité destacó que desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas".
La publicación con tono intimidatorio subrayó que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado".
El momento que se vive entre México y Estados Unidos es de tensión, sobre todo en el tendido de que en los últimos meses han incrementado, por parte de Donald Trump las presiones contra los cárteles mexicanos y la política arancelaria y más recientemente por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el estado de Chihuahua.
Rocha Moya y los otros nueve funcionarios mexicanos —activos y retirados— fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública la víspera en Nueva York y en la cual se afirma que colaboraron en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.
Además de Rocha Moya, que gobierna Sinaloa desde 2021, también fue acusado el alcalde de la capital de ese estado y un senador de Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados con ningún partido.
Según la fiscalía estadounidense, los acusados ayudaron al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Dicho cártel es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos a los que Estados Unidos designó como organización terrorista.
El gobernador rechazó de forma categórica las imputaciones en su contra y dijo el miércoles en su cuenta en la red social X que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.
Rocha Moya, que fue un firme aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de su política de no confrontación directa con los cárteles, conocida como “abrazos, no balazos”, sostuvo que no es sólo un ataque contra su persona sino contra el movimiento político oficialista Morena y sus líderes y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.
Sheinbaum informó que conversó la víspera con el gobernador de Sinaloa y le manifestó que “si no hay nada, pues no hay nada que temer”.
Al insistir en que debe haber “pruebas contundentes”, la mandataria recordó el proceso del exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido temporalmente en Estados Unidos en 2020 acusado de participar en una red de tráfico de drogas y posteriormente se le retiraron los cargos y fue enviado a México, donde quedó en libertad.
Tras el anuncio del proceso contra los diez funcionarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó en un comunicado que el martes en la tarde había recibido solicitudes de extradición de diversas personas de parte de Estados Unidos, pero no ofreció detalles.
Agregó que la documentación recibida “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
En tanto, el vicefiscal general Ulises Lara dijo en un video que se difundió el martes que la cancillería notificó a la Fiscalía General de las solicitudes y agregó que se revisará e investigará la información para establecer “si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin”.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum advirtió que su administración no permitirá injerencias externas en decisiones que corresponden al país.
Sheinbaum subrayó que será la Fiscalía la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente en México. “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, afirmó al definir la postura de su gobierno.
La presidenta enfatizó que su administración no encubrirá a nadie en caso de que existan pruebas sólidas. No obstante, advirtió que, en ausencia de evidencia contundente, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
Con información de AP
