Luego de que el gobierno de Estados Unidos presentara cargos contra 10 ciudadanos mexicanos —entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— por presuntos vínculos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura y advirtió que no permitirá injerencias extranjeras en asuntos que competen al país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las solicitudes de detención con fines de extradición fueron recibidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y turnadas a la Fiscalía General de la República, instancia que deberá determinar si existen pruebas suficientes para proceder conforme a la ley mexicana. Subrayó que, si bien su gobierno no encubrirá a nadie, tampoco aceptará acusaciones sin sustento y cuestionó que el Departamento de Justicia hiciera pública información que, dijo, debía mantenerse confidencial.
La Presidenta insistió en que México mantiene una relación de igualdad con otras naciones y reiteró su postura de “verdad, justicia y defensa de la soberanía”. Aquí te presentamos su mensaje íntegro.
MENSAJE ÍNTEGRO DE CLAUDIA SHEINBAUM
Al pueblo de México:
El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional, con fines de extradición, para 10 ciudadanos mexicanos.
El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el Marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República, para la la evaluación de dicha solicitudes conforme a la legislación mexicana.
El miércoles 29 de abril, al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, para el distrito sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, el Senador, Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Anexo a esta acusación publicó un documento denominado en español ‘Acusación de reemplazo bajo reserva’, esto llevó a un extrañamiento jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales, acorde con los tratados de la materia.
Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República, emitió un comunicado en el que establece lo siguiente: con fundamento en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer con todo exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin, y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para llenarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de qué es la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenten con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
La propia Fiscalía General de la República estableció la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un dedito.
Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.
México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador, México establece una relación iguales con todas las naciones, nunca subordinación y menos de entreguismo.
Como presidenta de la República, mi posición ante esta situación es verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas conforme a la legislación mexicana o, en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción.
Lo he dicho siempre, de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito.
Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que objetivo de estas imputaciones, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es político.
Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
Verdad, justicia y defensa de la soberanía, esa es nuestra posición.
