De nueva cuenta gobernadores y funcionarios se encuentran en la mira del gobierno de Estados Unidos por supuestamente tener vínculos con el crimen organizado, pues ahora señalan al mandatario Rubén Rocha Moya de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, esta no ha sido la única acusación que se ha hecho en contra de políticos mexicanos; incluso hay quienes ya han sido sentenciados.
En Nación321 te damos un recuento de los casos más sonados, de posibles y comprobadas relaciones entre el narcotráfico y la clase política de México.
RUBÉN ROCHA MOYA
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al actual gobernador de Sinaloa de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, así como de evitar detenciones de sus cuadros, ayudarles en el trasiego de drogas y tener una estrecha relación con sus integrantes.
Esta acusación no sólo incluye a Rocha Moya, también a nueve funcionarios estatales más, incluido el senador de Morena, Enrique Inzunza.
En el documento de la dependencia estadounidense se menciona que Los Chapitos apoyaron a Rocha Moya en su campaña para ganar la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2021.
Cabe recordar que los señalamientos en contra del mandatario sinaloense comenzaron a tomar fuerza tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien en una carta reveló que antes de su captura se reunió con el gobernador y otros funcionarios en Culiacán.
Sin embargo, en ese momento estas acusaciones no trascendieron, pues Rubén Rocha Moya contó con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
SILVANO AUREOLES
El exgobernador de Michoacán enfrenta acusaciones por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que se le vincula con un presunto desfalco de más de 3 mil 500 millones de pesos mediante la construcción con sobreprecio de siete cuarteles de la policía estatal.
Aureoles Conejo actualmente se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol en más de 190 países.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el exmandatario habría ayudado durante su gestión (2015-2021) al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a expandir su poderío y a traficar drogas por la entidad.
Además, señala que el mismo CJNG habría apoyado a Silvano Aureoles a salir de México hacia el extranjero.
HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA
El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco fue detenido en septiembre de 2025, en Paraguay y trasladado a México, donde se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de ‘El Atiplano’, en el Estado de México.
Bermúdez Requena es acusado de ser el líder de La Barredora, un grupo criminal surgido como brazo del CJNG.
Es señalado de los delitos de extorsión, secuestro exprés y asociación delictuosa.
De acuerdo con informes de inteligencia, sus nexos con estructuras criminales se remontan a finales de los años noventa, mucho antes de ocupar cargos públicos.
Actualmente, Hernán Bermúdez Requena se encuentra vinculado a proceso, pero sin ninguna sentencia, aunque está preso en Almoloya.
DIEGO RIVERA
El exalcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido el pasado mes de febrero, en el marco del ‘Operativo Enjambre’, ya que se le acusa de manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Actualmente se encuentra preso en el penal de ‘El Altiplano’, vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada, corrupción y extorsión.
Además, se le señala por el presunto secuestro del precandidato de Morena a la presidencia de dicho municipio, Guillermo Cordero, y su suplente, Julio Alejandro García, en el 2021.
ÉDGAR VEYTIA
El exfiscal general de Nayarit fue detenido en 2017 en San Diego, California, en Estados Unidos tras ser acusado de pertenecer a una red de narcotráfico durante cuatro años, entre enero de 2013 y febrero de 2017, periodo en el que estuvo a cargo de la Fiscalía de Nayarit.
Gracias a su posición, Veytia brindó ayuda al Cártel H-2, dedicado al tráfico de drogas a cambio de sobornos. Además de proteger sus actividades de narcotráfico, también obstruyó investigaciones sobre miembros del crimen organizado.
En 2019, Veytia se declaró culpable del delito mencionado y en septiembre de ese mismo año fue sentenciado a 20 años de prisión. Además, se le ordenó pagar una multa de un millón de dólares.
No obstante, tras declarar en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se le redujo la sentencia a 10 años de prisión.
Si bien su liberación estaba programada para en 2027, en los registros de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) se indica que dejó de estar bajo su custodia en octubre de 2025.
GENARO GARCÍA LUNA
El secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón, fue condenado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa.
A García Luna se le declaró culpable de cinco cargos: conspiración para la distribución y posesión internacional de cocaína, participación continua en una empresa criminal y falso testimonio.
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el también llamado ‘Súper policía’, recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, cuando él era secretario de Seguridad, el cual era dirigido en ese entonces por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a cambio de permitir el paso de toneladas de cocaína y otros enervantes hacia Estados Unidos.
Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y tras un juicio con jurado, fue declarado culpable en febrero de 2023.
Actualmente se encuentra preso en la ADX Florence en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”.
TOMÁS YARRINGTON
En abril de 2025, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue deportado de Estados Unidos a México y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).
En el país vecino, Yarrington era requerido por cargos de tráfico de drogas, fraude bancario, extorsión, lavado de dinero y por tener nexos con el crimen organizado.
La justicia en Texas lo acusó de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo y los Zetas.
Dicha relación generó que en 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofreciera una recompensa por 15 millones de pesos para quien diera información que llevaran hasta su ubicación.
Las investigaciones estadounidenses señalan que el vínculo entre el tamaulipeco y los cárteles comenzó en 1998, cuando era alcalde de Matamoros y presuntamente recibió grandes sobornos de grupos criminales.
A cambio, el exgobernador presuntamente les permitió operar libremente y se incluía el contrabando de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos para su distribución.
Desde 2007 hasta 2009, Tomás Yarrington se habría involucrado en el contrabando de estupefacientes a través del puerto de Veracruz hacia Estados Unidos
En diciembre de 2017, el exmandatario fue detenido en el centro de Florencia, Italia y fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena de 9 años.
Actualmente, el exgobernador de Tamaulipas enfrenta una reposición de procesos por delitos contra la salud, así como dos juicios más en los que se le acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que permanece preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez.
MARIO VILLANUEVA
Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, es considerado como el primer “narcogobernador” que enfrentó a la justicia, pues durante su mandato de 1993 a 1999, fue investigado por nexos con el Cártel de Juárez, organización criminal que estuvo encabezada por Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, hasta 1997.
Sin embargo, tras la muerte del capo Villanueva Madrid mantuvo vínculos con Ramón Alcides Magaña, ‘El Metro’, uno de los principales operadores del grupo criminal.
Una investigación difundida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reveló que Mario Villanueva recibió entre 400 mil y 500 mil dólares por permitir la libre manipulación de cargamentos de droga en la entidad.
La extinta PGR detectó que el exmandatario amasó una fortuna sospechosa de 1994 a 1999, periodo en el que manejó cuentas en bancos de Estados Unidos, Suiza, Panamá y Bahamas.
En 1998, el entonces presidente Ernesto Zedillo emprendió el proceso penal más grande en la historia del país, que reveló una red de funcionarios y narcotraficantes al servicio del Cártel de Juárez.
Más de 100 personas fueron detenidas; no obstante, la mayoría de ellos hoy se encuentran absueltos o muertos.
Mario Villanueva desapareció de las escena pública sin haber concluido su mandato, y se convirtió en prófugo de la justicia el 27 de marzo de 1999, pero dos años más tarde, en mayo de 2001, fue detenido en Cancún.
Estuvo recluido en el Altiplano hasta 2007, cuando fue exonerado, pero detenido de nuevo y encarcelado en el Reclusorio Norte hasta 2010, año en el que fue extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 11 años de prisión, pero fue liberado en 2016 por su mal estado de salud.
Tras ser repatriado a México, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación. Inicialmente se le dictó una sentencia de 36 años de prisión, en segunda instancia, pero la pena se redujo a 22 años, siete meses y 11 días.
Las autoridades mexicanas determinaron encarcelarlo en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Morelos, para brindarle la atención médica adecuada debido a la enfermedad pulmonar que padece.
Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria después de que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador le concediera la medida por su avanzada edad de 77 años.
