La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este 30 de abril a las acusaciones presentadas por el gobierno de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos —entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— y advirtió que su administración no permitirá injerencias externas en decisiones que corresponden al país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria leyó un posicionamiento oficial en el que detalló que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte de autoridades estadounidenses, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación nacional.
Sin embargo, señaló que el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública la acusación un día después, lo que generó un reclamo formal del gobierno mexicano. Según explicó, la difusión de estos documentos contraviene los acuerdos internacionales, ya que este tipo de procesos debe manejarse de forma confidencial.
En ese contexto, Sheinbaum subrayó que será la Fiscalía la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente en México. “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, afirmó al definir la postura de su gobierno.
La presidenta enfatizó que su administración no encubrirá a nadie en caso de que existan pruebas sólidas. No obstante, advirtió que, en ausencia de evidencia contundente, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, expresó.
En su mensaje, también dejó claro que México mantendrá una relación de igualdad con otros países y rechazó cualquier forma de subordinación. “bajo ningún motivo, vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, sostuvo.
Las acusaciones dadas a conocer por autoridades del Distrito Sur de Nueva York incluyen presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.
Mientras tanto, la Fiscalía mexicana inició un proceso de revisión de la información enviada por Estados Unidos y abrirá una investigación paralela para determinar si existen elementos que sustenten las imputaciones dentro del marco legal mexicano.
