La captura, entrega o cooperación de figuras ligadas al narcotráfico mexicano con autoridades de Estados Unidos ha dejado de limitarse a líderes criminales.
En medio de la crisis política y de seguridad que atraviesa Sinaloa tras las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y parte de su círculo cercano, el foco volvió a colocarse sobre una figura que durante años ha redefinido juicios históricos en cortes estadounidenses: los testigos colaboradores.
Hoy, mientras fiscales de Nueva York buscan construir un caso por presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa, varios personajes mexicanos ya están en manos de autoridades estadounidenses.
Algunos llegaron extraditados, otros se entregaron voluntariamente y varios más negociaron acuerdos para reducir condenas a cambio de información. Todos comparten algo: conocen desde dentro el funcionamiento del narcotráfico y, en algunos casos, también las conexiones políticas que habrían permitido su operación.
UN NUEVO CAPÍTULO: FUNCIONARIOS DE SINALOA QUE CRUZARON A EU
El caso más reciente involucra a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya. Ambos se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses en mayo de 2026, después de que el Departamento de Justicia los incluyera en una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York.
La fiscalía estadounidense sostiene que ambos formaban parte de una red de protección institucional para la facción de Los Chapitos. Según la acusación, Mérida habría alertado sobre operativos federales y recibido pagos mensuales del grupo criminal, mientras que Díaz Vega es señalado de fungir como enlace político y financiero.
Los dos exfuncionarios quedaron bajo jurisdicción estadounidense luego de entregarse directamente en ese país, lo que eliminó cualquier posibilidad de frenar el proceso mediante recursos legales en México. Su situación abrió inmediatamente especulaciones sobre posibles acuerdos de cooperación con fiscales.
Las investigaciones apuntan a una presunta red que habría operado desde estructuras del gobierno estatal, algo que podría convertir a exfuncionarios mexicanos en piezas clave para futuros procesos judiciales en Estados Unidos.
Sin embargo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó, en tono entrecortado, que “no hay ningún riesgo” de que los exfuncionarios que cruzaron al otro lado digan algo que perjudique a su gobierno.
LA LARGA HISTORIA DE LOS GRANDES TESTIGOS
La figura del testigo colaborador no es nueva. Durante décadas, Estados Unidos ha construido algunos de sus casos más importantes contra el narcotráfico mexicano a partir de declaraciones de antiguos integrantes de los cárteles.
Uno de los ejemplos más conocidos es Vicente Zambada Niebla, ‘El Vicentillo’, hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Detenido en 2009, accedió a colaborar con autoridades estadounidenses y terminó convirtiéndose en uno de los testigos principales en el juicio contra Joaquín ‘El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa
Su cooperación le permitió evitar una sentencia mucho más severa. En 2019 fue condenado a 15 años de prisión y posteriormente obtuvo su libertad. Aunque ya cumplió también con su periodo de libertad supervisada, documentos judiciales estadounidenses establecen que sigue obligado a testificar si el gobierno se lo solicita.
Otro caso emblemático es el de Jesús Reynaldo ‘Rey’ Zambada, hermano del Mayo y antiguo operador del Cártel de Sinaloa en el centro del país. Su testimonio, junto al de Oscar Nava alías ‘El Lobo’, fue clave tanto en el juicio contra ‘El Chapo’ como en el proceso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
También figura Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’, quien se entregó en 2017 y colaboró con información relacionada con Los Chapitos. Su cooperación le permitió reducir condenas y recuperar temporalmente la libertad antes de volver a enfrentar acusaciones por tráfico de fentanilo.
LOS CHAPITOS Y UN GIRO JUDICIAL
El caso de Sinaloa no puede entenderse sin el papel que juegan actualmente Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Ambos hijos de ‘El Chapo’ son señalados como piezas fundamentales en las investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia.
Las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios se basan, en parte, en testimonios obtenidos de integrantes de Los Chapitos. Según documentos judiciales, fiscales estadounidenses sostienen que funcionarios sinaloenses habrían protegido operaciones del grupo criminal a cambio de apoyo político y económico.
Ovidio Guzmán ya se declaró culpable en Estados Unidos y fue incorporado a mecanismos de cooperación con las autoridades. Joaquín Guzmán López, por su parte, negocia también posibles acuerdos judiciales.
La posibilidad de que integrantes de una de las familias más poderosas del narcotráfico mexicano colaboren con información sobre políticos, policías y funcionarios cambió el alcance de las investigaciones. Lo que antes se limitaba a juicios contra capos ahora alcanza estructuras gubernamentales completas.
¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE COOPERACIÓN DE EU?
En Estados Unidos existen distintos mecanismos para negociar con acusados: acuerdos de cooperación, acuerdos de no enjuiciamiento y acuerdos de enjuiciamiento diferido. Dependiendo del nivel de ayuda proporcionada, un acusado puede obtener reducción de condena, protección e incluso beneficios migratorios o de identidad.
Los programas de protección de testigos, administrados por los U.S. Marshals, han protegido a miles de personas desde los años setenta. Sin embargo, ingresar a estos esquemas implica romper completamente con la vida anterior.
Quienes cooperan suelen quedar obligados a declarar en futuros procesos, entregar información financiera, revelar estructuras criminales y mantener colaboración permanente con fiscales estadounidenses.
En el caso mexicano, la figura del testigo colaborador ha sido determinante para procesos que impactaron tanto al narcotráfico como a la política nacional. Desde ‘El Vicentillo’ hasta ‘Rey’ Zambada, las declaraciones de antiguos operadores terminaron exhibiendo presuntas redes de corrupción, sobornos y complicidad institucional.
UN MODELO QUE AHORA APUNTA AL PODER POLÍTICO
Las investigaciones actuales muestran un cambio relevante: Estados Unidos ya no se concentra únicamente en líderes criminales, sino también en funcionarios, operadores financieros y estructuras de protección política.
La acusación contra funcionarios de Sinaloa refleja esa nueva etapa. Para fiscales estadounidenses, el narcotráfico no opera aislado, sino mediante redes de colaboración que pueden alcanzar policías, fiscalías, gobiernos estatales y operadores electorales.
Por eso, cada entrega voluntaria o acuerdo judicial podría adquirir una dimensión política mayor. Detrás de cada exfuncionario que cruza la frontera hacia una corte estadounidense existe la posibilidad de nuevas declaraciones, nuevos nombres y nuevas líneas de investigación.
Como incluso la DEA ha aseverado, todo apunta a que en Sinaloa, ‘la sacudida’ apenas comienza.
