La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que como medida precautoria congeló las cuentas de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Se trata de políticos que el mes pasado fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
En un comunicado, la UIF dijo que se trata “medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa”.
A detalle, la Unidad de Inteligencia Financier explicó que estas 10 personas se añadieron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, “derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano".
“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo", indicó.
En ese contexto, la UIF dijo que el objetivo fue proteger la integridad del sistema financiero nacional, aunque aclaró que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas “cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”.
Finalmente, la UIF dijo que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, “con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema finaciero mexicano”.