Guadalupe Hernández Hinojosa fue vinculada a proceso por su presunta relación con una red criminal de contrabando de combustible.
Un juez federal ordenó someter formalmente a investigación a la apoderada legal de Ingemar, empresa propiedad del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y con la que se habrían consumado transportes irregulares de combustible.
Según las investigaciones de la FGR, Ingemar estaría relacionada con una estructura que introducía hidrocarburos desde Estados Unidos mediante ferrotanques, cuyos cargamentos presuntamente eran declarados ante las autoridades con volúmenes inferiores a los realmente transportados o registrados como productos distintos para evadir el pago de impuestos.
La Fiscalía señala que Hernández Hinojosa habría intervenido en operaciones de comercio exterior, contratos relacionados con la distribución de petrolíferos y gestiones ante autoridades aduaneras por mercancías que presentaban inconsistencias documentales. También aparece como firmante autorizada en cuentas bancarias de la empresa.
