Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel es accionista mayoritario, quedó en prisión preventiva por su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La mujer fue aprehendida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, y posteriormente presentada ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Altiplano.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) la imputó por contrabando y delincuencia organizada. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que Hernández Hinojosa permanecerá interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur mientras se determina su situación jurídica.
Según las investigaciones de la FGR, Ingemar estaría relacionada con una estructura que introducía hidrocarburos desde Estados Unidos mediante ferrotanques, cuyos cargamentos presuntamente eran declarados ante las autoridades con volúmenes inferiores a los realmente transportados o registrados como productos distintos para evadir el pago de impuestos.
La Fiscalía señala que Hernández Hinojosa habría intervenido en operaciones de comercio exterior, contratos relacionados con la distribución de petrolíferos y gestiones ante autoridades aduaneras por mercancías que presentaban inconsistencias documentales. También aparece como firmante autorizada en cuentas bancarias de la empresa.
El caso involucra además a Ernesto Ruffo Appel, quien fue gobernador de Baja California y actualmente figura como accionista mayoritario de Ingemar, así como a Ricardo Thompson Navarro, fundador y socio de la compañía.
Con la captura de Hernández Hinojosa, suman nueve las personas detenidas por esta investigación, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso. La FGR mantiene abiertas las indagatorias para determinar el alcance de la estructura y establecer si existen más personas involucradas.
