El gobierno de Estados Unidos retirará de forma permanente sus reclamos fiscales contra el presidente Donald Trump, según un documento de acuerdo dado a conocer este martes 19 de mayo, en lo que representa un uso extraordinario del poder Ejecutivo que, en esencia, podría ayudar a proteger al Presidente de un mayor escrutinio de sus finanzas y su conducta legal.
Como parte del acuerdo para resolver una demanda por 10 mil millones de dólares que presentó Trump en contra del Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus iniciales en inglés) debido a la filtración de sus declaraciones fiscales, Estados Unidos queda “para siempre impedido y excluido” de examinar o procesar las auditorías fiscales actuales de Trump, sus hijos y de la Organización Trump, según un documento publicado en el sitio web del Departamento de Justicia.
El gobierno también tiene prohibido investigar a la familia de Trump, a sus allegados y a otras personas, de acuerdo con el documento, que está firmado por secretario de Justicia interino Todd Blanche.
Ese documento es un anexo separado del acuerdo original dado a conocer el lunes, el cual se añadió discretamente al sitio web del Departamento de Justicia.
La Casa Blanca remitió las consultas de The Associated Press al Departamento de Justicia- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios.
El acuerdo se refiere únicamente a las auditorías existentes y no a futuras, indicó el Departamento de Justicia en respuesta a una solicitud de comentarios sobre la ampliación del acuerdo.
La medida se produce después de que el gobierno de Trump anunció el lunes, como parte del acuerdo de la demanda, la creación de un fondo de casi mil 800 millones de dólares para compensar a los aliados del presidente que creen que han sido investigados y procesados injustamente, un pacto que demócratas y organismos de control gubernamental califican de “corrupto” e inconstitucional.
El “Fondo Antiinstrumentalización”, de mil 776 millones de dólares, permitirá que las personas que crean que fueron objeto de procesos penales con fines políticos —incluso por el Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente Joe Biden— soliciten pagos, creando lo que Blanche calificó como “un proceso legal para que las víctimas de la guerra judicial y su instrumentalización sean escuchadas y busquen indemnización”.
Blanche, a quien los legisladores sometieron a un enconado interrogatorio el martes en el Capitolio, no descartó la posibilidad de que personas que cometieron actos de violencia durante el asalto al Capitolio federal del 6 de enero de 2021 sean elegibles a pagos del nuevo fondo.
Legisladores demócratas y organismos de ética arremetieron contra la creación del fondo, asegurando que era corrupto, sombrío y que tenía el potencial de convertirse en una “caja chica” para el Presidente y sus aliados. Incluso legisladores republicanos se han mostrado un tanto incómodos con el fondo, incluido el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien comentó que “no es un gran fan”.
Trump declaró el lunes en la Casa Blanca que el fondo está dedicado a “reembolsar a personas que recibieron un trato horrible”.
