El pasado 28 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por nexos con el crimen organizado, específicamente con ‘Los Chapitos’, facción del dividido Cártel de Sinaloa.
Según la acusación formal del gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador morenista, se le señala de conspiración para importación de drogas, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivo, cargos por los que podría pasar, como mínimo, 40 años tras las rejas.
El mandatario fue acusado junto a otros nueve políticos mexicanos más, entre otras cosas, de proteger al Cártel, evitar detenciones de sus cuadros y ayudarles en el trasiego de drogas.
¿Pero qué pasa fuera de la relación México-Estados Unidos?
Si bien, los casos de extradición por parte de Estados Unidos en contra de políticos han sido excepcionales, a diferencia de los de narcotraficantes, es notorio cómo, al margen de México, el gobierno estadounidense ha insistido en llevar ante sus tribunales a funcionario extranjeros, principalmente latinoamericanos, a los que acusa de participar en redes criminales.
Es por eso, que en Nación321, te contamos las veces que Estados Unidos sí ha logrado extraditar a políticos latinoamericanos acusados de estar involucrados en el narco.
1.- EL EXPRESIDENTE HONDUREÑO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Juan Orlando Hernández, fue presidente de Honduras durante dos mandatos consecutivos, abarcando desde el 27 de enero de 2014 hasta el 27 de enero de 2022. Su caso se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de extradición de un exmandatario latinoamericano hacia EU
Tras dejar el poder en enero de 2022, su situación cambió radicalmente, apenas semanas después, el gobierno estadounidense solicitó su captura con fines de extradición por cargos de narcotráfico y uso de armas. Sin el escudo político de la presidencia, Hernández fue detenido en su residencia en Tegucigalpa el 15 de febrero de ese mismo año.
El proceso judicial en Honduras avanzó con rapidez. Un juez autorizó la extradición en marzo y, pese a los intentos de la defensa por frenarla mediante apelaciones, la Corte Suprema ratificó la decisión a finales de ese mes.
Finalmente, el 21 de abril de 2022, Hernández fue entregado a autoridades estadounidenses en una base aérea de la capital hondureña y trasladado a Nueva York en un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
Las acusaciones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, indican que Hernández habría participado durante casi dos décadas (2004-2022) en una conspiración para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense.
Los fiscales sostienen que utilizó su poder político (incluyendo el control de fuerzas policiales y militares) para proteger a redes del narcotráfico a cambio de millones de dólares en sobornos.
Entre los señalamientos más impactantes está su presunta relación con figuras del crimen organizado como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, así como la protección a su propio hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, quien ya había sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos similares.
La acusación también lo vincula con fraude electoral, al supuestamente financiar sus campañas políticas con dinero del narcotráfico.
El exmandatario, de 57 años, recibió en junio de 2024 una condena a 45 años de prisión, así como una multa de $8 millones de dólares, por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
A finales de 2025, fue liberado de una prisión federal estadounidense tras recibir un indulto total de Donald Trump, después de cumplir parte de su condena. Actualmente alega ser víctima de una conspiración y busca limpiar su nombre tras recuperar la libertad.
2.- EL EXGENERAL VENEZOLANO CLÍVER ALCALÁ
El caso del exgeneral venezolano Clíver Alcalá Cordones se convirtió en un punto de quiebre en la persecución de Estados Unidos contra figuras de alto nivel vinculadas al poder en Venezuela.
Alcalá fue un militar cercano al proyecto de Hugo Chávez, que terminó distanciándose del gobierno tras la llegada de Nicolás Maduro. Desde Colombia, donde residía, comenzó a posicionarse como opositor y a involucrarse en planes para confrontar al régimen venezolano, incluyendo la llamada Operación Gedeón.
El giro ocurrió en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó en una lista de altos funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, señalándolo como parte del llamado ‘Cartel de los Soles’, una red integrada por militares que habrían facilitado el tráfico de drogas.
Washington ofreció hasta 10 millones de dólares por información que permitiera su captura, lo que elevó la presión internacional sobre el exgeneral.
Lejos de ocultarse, Alcalá optó por entregarse voluntariamente en Colombia. Se presentó ante autoridades de ese país y, en cuestión de horas, fue trasladado hacia Nueva York bajo custodia estadounidense. Su entrega directa no prolongó el litigio de extradición.
Ya en Estados Unidos, el exmilitar enfrentó cargos relacionados con narcotráfico y colaboración con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, su defensa logró un acuerdo con la fiscalía que dejó fuera los cargos más graves de tráfico de drogas.
En un tribunal federal de Nueva York en abril de 2024, Alcalá fue condenado a más de 21 años de prisión. La sentencia se sustentó en su participación en una asociación criminal y en el suministro de armamento, no en el narcotráfico directo, lo que redujo significativamente la pena que inicialmente buscaban los fiscales.
3.- HUGO CARVAJAL: UNA DÉCADA PARA SU EXTRADICIÓN
El exjefe venezolano Hugo Carvajal, conocido como ‘El Pollo’ fue una figura clave dentro del aparato de seguridad durante los gobiernos de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, desde donde dirigió la inteligencia militar en momentos clave del chavismo.
De acuerdo con fiscales estadounidenses, desde esa posición habría participado durante años en una red conocida como el ‘Cartel de los Soles’, integrada por altos mandos militares que facilitaron el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos en coordinación con la guerrilla de las FARC.
Las acusaciones en su contra incluyen conspiración para narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas. Según la investigación, Carvajal no sólo habría permitido el paso de droga, sino que también habría coordinado operaciones concretas, como el envío de toneladas de cocaína y acuerdos con grupos armados para incrementar la producción.
Para las autoridades estadounidenses, su papel fue el de un operador clave que utilizó las instituciones del Estado venezolano para sostener estas actividades.
En 2014 fue detenido en Aruba a petición de Estados Unidos, pero logró evitar su traslado al ampararse en su condición diplomática. Años después, tras romper con el gobierno de Maduro y apoyar públicamente a la oposición encabezada por Juan Guaidó, su situación cambió. En 2019 fue detenido en España, donde inició una larga batalla legal para evitar su extradición.
Durante ese proceso, Carvajal logró retrasar su entrega durante años mediante recursos judiciales e incluso permaneció prófugo por más de veinte meses, periodo en el que cambió de identidad y apariencia para evadir a las autoridades.
Finalmente fue recapturado en 2021 y, tras el aval definitivo de tribunales españoles y europeos, se autorizó su entrega. La extradición se concretó en 2023, cuando fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar juicio en Nueva York.
Recientemente, en junio de 2025 se declaró culpable de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Su sentencia está pendiente, pero podría alcanzar cadena perpetua.
4.- LA TRASCENDENTAL DETENCIÓN DE NICOLÁS MADURO
Durante años, Nicolás Maduro fue señalado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en una red de narcotráfico conocida como el ‘Cartel de los Soles’, integrada por altos mandos del Estado venezolano.
Las acusaciones incluían conspiración por narcoterrorismo e importación de cocaína hacia territorio estadounidense, en coordinación con grupos como las FARC. Sin embargo, a diferencia de otros funcionarios, su permanencia en el poder había impedido cualquier intento real de captura o extradición.
El escenario cambió de forma radical en enero de 2026, cuando fuerzas de Estados Unidos ejecutaron una operación militar en Caracas que culminó con su detención tras meses de planeación e inteligencia de operaciones encubiertas y fuerzas especiales.
Una vez en territorio estadounidense, fue puesto a disposición de una corte federal, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. En sus primeras audiencias se declaró no culpable, mientras su defensa logró ajustes en las condiciones legales para poder financiar su representación. El proceso judicial sigue en curso y podría extenderse debido a la complejidad del caso.
Paralelamente, la captura abrió un nuevo frente internacional. La justicia de Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, solicitó a Estados Unidos su extradición para investigarlo por crímenes de lesa humanidad. La acusación sostiene que durante su gobierno se ejecutó un plan sistemático de represión contra la población civil, incluyendo persecución, tortura, secuestro y asesinatos.
Este pedido se basa en denuncias presentadas desde 2023 por organizaciones de derechos humanos y derivó en órdenes de captura internacionales emitidas en 2024.
El proceso debe pasar por canales diplomáticos y judiciales. Será un tribunal en Estados Unidos el que determine si procede o no la extradición, considerando que Maduro ya enfrenta cargos en ese país.
4.- ‘KIKO’, EL ALCALDE GUATEMALTECO
El exalcalde guatemalteco Carlos Danilo Preciado Navarijo, conocido como ‘Kiko’, se convirtió en otro caso emblemático de captura y extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Autoridades estadounidenses lo señalaron de participar desde aproximadamente 2012 en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, con pleno conocimiento de que la droga sería trasladada ilegalmente hacia territorio estadounidense.
Su detención se produjo el 20 de enero de 2021 en Panamá, tras una alerta roja de Interpol solicitada por Estados Unidos. En ese momento, Preciado Navarijo se encontraba fuera de Guatemala, lo que facilitó su captura.
Posteriormente, fue extraditado desde Panamá a Estados Unidos, en un proceso relativamente ágil en comparación con los otros casos mencionados.
Según la acusación presentada por un gran jurado en 2019, el exalcalde formaba parte de una red que movía cargamentos de droga (de al menos cinco kilogramos o más) a través de varios países, incluyendo Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México.
Su operación se apoyaba en rutas estratégicas, especialmente en la zona fronteriza con México y en accesos marítimos, lo que lo convertía en un actor clave dentro de las cadenas de tráfico regional.
Preciado Navarijo se declaró culpable de los cargos. En septiembre de 2024, el juez Amos L. Mazzant lo condenó a 120 meses (10 años) de prisión, además de imponerle cinco años de libertad supervisada.
