Blanca Yassahara Cruz García tomó protesta como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Guadalupe Taddei, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y conflictos de interés.
Tras su designación, Cruz García asumirá temporalmente la conducción del organismo electoral, mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento para elegir a quien ocupará de manera definitiva la presidencia del Instituto.
La llegada de la consejera ocurre en un momento de transición institucional, en el que las integrantes y los integrantes del Consejo General han planteado la necesidad de fortalecer la conducción colegiada, revisar el funcionamiento de distintas áreas y garantizar la continuidad de las actividades del INE.
En sesión extraordinaria urgente, se reunió el Consejo General del INE para avalar, de manera oficial, el nombramiento de la nueva titular interina, en medio de exigencias de representantes de partidos de fiscalizar a profundidad el manejo interno de la institución.
CONSEJERÍAS DEL INE APUESTAN POR UNA TRANSICIÓN INSTITUCIONAL
En esta nueva etapa, las diez consejerías electorales acordaron impulsar una revisión de los cargos de decisión institucional para evaluar su funcionamiento y determinar si responden a las necesidades del organismo.
De acuerdo con la postura conjunta presentada por Cruz García, el objetivo es fortalecer la colegialidad, la transparencia y la rendición de cuentas, sin comprometer la operación cotidiana del Instituto.
La consejera presidenta provisional ha señalado que el INE es una institución que va más allá de su presidencia y cuya fortaleza reside en la pluralidad del Consejo General, sus procedimientos y la experiencia de las personas que integran el servicio electoral.
Como parte de los acuerdos, también se planteó promover la cooperación institucional con el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de sus respectivas atribuciones, para contribuir a las investigaciones sobre posibles conductas indebidas de personas servidoras públicas señaladas.
El organismo indicó que estos procedimientos deberán desarrollarse con apego a la legalidad y respeto al debido proceso, sin anticipar responsabilidades.
