Guadalupe Taddei presentó, en la Cámara de Diputados, su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de una oleada de señalamientos por presuntas irregularidades en asignación directa de contratos millonarios.
Ante diputados, la aún consejera presentó su renuncia como lo había anunciado un día antes, para “proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”
¿DE QUÉ ACUSAN A TADDEI?
Presuntos conflictos de interés, contratos millonarios con empresas proveedoras y vínculos personales y familiares con uno de los empresarios beneficiados por contrataciones electorales son los principales señalamientos que rodean a Guadalupe Taddei Zavala.
Uno de los principales cuestionamientos surgió por la relación de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras de materiales electorales, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg.
Latinus difundió grabaciones en las que la consejera presidenta aparece conviviendo con el contratista, así como un video de su hijo Jorge Francisco Piñeda Taddei junto al empresario en una habitación del hotel Le Meurice, en París, cuyo costo, según el reportaje, rondaría los 200 mil pesos por noche.
A estas imágenes se sumó la difusión de una celebración organizada por Hernández Casillas en la que participó la funcionaria, lo que llevó a representantes del PRI y Somos México a exigir explicaciones sobre la cercanía entre la titular del organismo electoral y uno de sus proveedores.
Otro de los señalamientos involucra a Jonathan Navarrete Torres, trabajador adscrito a la oficina de la Presidencia del INE, quien aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg. Aunque diversas publicaciones lo identificaron como chofer de Taddei, ella rechazó esa versión y aseguró que nunca desempeñó dicha función.
También fue cuestionado Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del instituto, debido a sus antecedentes como representante legal de empresas proveedoras de materiales electorales. Las investigaciones buscan determinar si existieron conflictos de interés u omisiones en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios involucrados.
ASF investiga posibles irregularidades en contratos del INE
La controversia escaló el viernes 23 de octubre, cuando la ASF anunció una investigación de oficio sobre el uso de recursos públicos del INE, que también comprende a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas, proveedores y servidores públicos relacionados con las contrataciones señaladas.
El órgano fiscalizador informó que cuenta con indicios de irregularidades contractuales, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Sin embargo, hasta el momento no ha emitido una resolución definitiva que establezca responsabilidad individual de Taddei.
Los cuestionamientos también llegaron al Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió realizar las auditorías necesarias y sostuvo que no debe existir ninguna sombra de corrupción en el instituto, mientras que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados,s Ricardo Monreal, afirmó que su partido no protegerá a quienes hayan cometido irregularidades.
¿QUÉ SIGUE PARA EL INE?
Tras la renuncia de Taddei Zavala, los consejeros del Instituto Nacional Electoral están llamados a convocar a sesión para definir una Presidencia provisional.
En tanto que los diputados deben nombrar una nueva titularidad en la Presidencia, esto debido a que, conforme al artículo 41 constitucional y los artículos 36 y 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la renuncia de Taddei tiene carácter de definitiva.
De acuerdo con el exconsejero electoral Arturo Sánchez, el Consejo General puede elegir a una persona para asumir temporalmente el cargo, como ocurrió en 2007, cuando las consejerías se turnaron la presidencia del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) mientras avanzaba el nombramiento de un nuevo titular.
El comité integrará una lista de cinco personas mejor evaluadas para el cargo, que será entregada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encargada de buscar acuerdos entre los grupos parlamentarios para definir la propuesta que se someterá a votación del Pleno.
La designación requiere el respaldo de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes. Si no se alcanza un acuerdo en la Jucopo, el procedimiento contempla recurrir a una insaculación o tómbola, mecanismo utilizado en 2023 para elegir a Taddei.
