“La justicia está por encima, incluso, de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 20 de octubre, al rechazar que la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fuera resultado de un acuerdo con la gobernadora panista Maru Campos.
La mandataria también calificó de irresponsable la actuación atribuida al exfuncionario y sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar las pruebas por la acusación de traición a la patria.
El caso se originó por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un laboratorio de drogas en Chihuahua, sin la autorización federal correspondiente.
La FGR sostiene que Jáuregui habría organizado el operativo y omitido informar a las autoridades federales, mientras mantenía comunicación con funcionarios estadounidenses
La controversia ha puesto nuevamente en el centro del debate un delito que también ha sido invocado en otros episodios de la historia reciente de México, desde la entrega de ciudadanos a autoridades extranjeras hasta el traslado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos.
¿QUÉ SE CONSIDERA TRAICIÓN A LA PATRIA?
El Código Penal Federal contempla el delito en los artículos 123 al 126, dentro del apartado de delitos contra la seguridad de la nación.
El artículo 123 establece penas de cinco a 40 años de prisión y multas de hasta 50 mil pesos para mexicanos que incurran en determinadas conductas.
Entre ellas, realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad territorial de México para someterlo a un gobierno extranjero, participar en hostilidades contra el país bajo órdenes de otro Estado o cooperar con este de una forma que pueda perjudicar a la nación.
Para que exista responsabilidad penal deben acreditarse los hechos y los elementos previstos en la ley. En los casos que han llegado a las autoridades, las acusaciones han tenido orígenes y alcances diferentes; algunos derivaron en detenciones u órdenes de aprehensión, mientras que otros terminaron sin una condena por ese delito.
CÉSAR JÁUREGUI, EL CASO MÁS RECIENTE
El caso más reciente, es del exfiscal de Chihuahua, por la presunta intervención de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas sin autorización federal.
La FGR sostiene que Jáuregui tuvo responsabilidad en la organización de esa operación y que habría omitido informar a las autoridades federales, mientras mantenía comunicación con funcionarios estadounidenses.
La investigación también ha generado preguntas sobre la actuación de otros funcionarios y sobre los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y federales.
Sheinbaum ha defendido que la cooperación con Estados Unidos debe sujetarse a las leyes mexicanas y ha rechazado que el caso sea producto de un pacto político con Maru Campos.
JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ, HIJO DE ‘EL CHAPO’, EN 2024
En 2024, la FGR solicitó una orden de aprehensión contra Joaquín ‘El Güero’ Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, por presuntos delitos de secuestro y traición a la patria, en el contexto del traslado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos.
El caso cobró relevancia después de que Zambada afirmara que había sido llevado contra su voluntad a territorio estadounidense, donde ambos quedaron bajo custodia de las autoridades de ese país.
La investigación mexicana buscó esclarecer cómo ocurrió el traslado y qué responsabilidades podían atribuirse a los involucrados.
La acusación de traición a la patria se vinculó con la hipótesis de que una persona habría sido privada ilegalmente de su libertad en México para entregarla a autoridades extranjeras, conducta contemplada expresamente en el artículo 123 del Código Penal Federal.
La solicitud de una orden de aprehensión constituye una actuación ministerial y no equivale, por sí sola, a una sentencia condenatoria.
LOS 60 POLICÍAS Y AGENTES ADUANALES SEÑALADOS EN 2003
En 2003, un juzgado de Chihuahua solicitó órdenes de aprehensión contra 60 policías municipales y agentes de Inspección Fiscal Aduanal, señalados por entregar a autoridades del FBI a 15 mexicanos presuntamente relacionados con el asalto de un tren en Estados Unidos.
La controversia se centró en que las personas habrían sido entregadas a autoridades extranjeras sin seguir los procedimientos legales correspondientes.
Los agentes fueron señalados por presuntos delitos de abuso de autoridad y traición a la patria.
El caso puso sobre la mesa los límites de la colaboración entre corporaciones mexicanas y agencias estadounidenses, así como la obligación de respetar los mecanismos legales para la entrega de personas.
LOS DIPUTADOS ACUSADOS EN 1945
Uno de los antecedentes históricos ocurrió en 1945, cuando los entonces diputados Carlos A. Madrazo, Pedro Téllez Vargas y Sacramento Joffre fueron señalados de traición a la patria por presuntas irregularidades relacionadas con el Programa Bracero.
Un acuerdo que regulaba el trabajo temporal de mexicanos en Estados Unidos. El caso se desarrolló en un contexto en el que la relación bilateral y las condiciones laborales de los trabajadores migrantes eran asuntos relevantes para ambos países.
Los tres permanecieron alrededor de ocho meses presos en Lecumberri, pero recuperaron su libertad mediante amparos concedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Madrazo publicó posteriormente textos en los que cuestionó la acusación y denunció lo que consideraba una injusticia.
