La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, sin modificaciones, el dictamen de la llamada ‘Ley Antimemes’, que contempla penas de hasta cinco años de prisión por utilizar la identidad gráfica de instituciones públicas para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito, pese a las exigencias de la oposición para excluir expresamente de las sanciones a periodistas, caricaturistas, parodias y contenidos satíricos.
La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial obtuvo 23 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 10 de la oposición, por lo que fue turnada a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno de San Lázaro.
La principal controversia gira en torno al nuevo artículo 402 Bis, que establece:
“Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito”.
Aunque la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue modificada para reducir las penas originalmente planteadas, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que su redacción mantiene abierta la posibilidad de utilizar el Código Penal contra expresiones críticas al Gobierno.
La diputada panista Paulina Rubio Fernández cuestionó la negativa del oficialismo a incorporar una disposición que garantice que las nuevas sanciones no podrán aplicarse contra el ejercicio periodístico, las caricaturas políticas, los memes o las parodias.
“Todo sería tan fácil como poner explícitamente que todo esto no aplica en contra de la libertad de expresión, ni caricaturistas, ni moneros, ni parodias, ni memes, ni absolutamente nada, pero no quieren ponerlo”, reprochó.
Como antecedente, recordó el caso de un caricaturista en Jalisco que fue denunciado por una diputada local de Morena y sancionado por violencia política en razón de género tras realizar una parodia utilizando una fotografía que la propia legisladora había publicado en sus redes sociales.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, defendió el dictamen al señalar que busca fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, combatir la piratería y la falsificación, así como actualizar los mecanismos de reparación del daño.
El legislador morenista argumentó que las modificaciones también pretenden armonizar la legislación nacional con los compromisos internacionales de México, particularmente los relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
