La decisión del Gobierno de México, de presentar denuncias ante autoridades judiciales de Estados Unidos, por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marca un nuevo capítulo en una estrategia que implica acudir a los propios tribunales estadounidenses para exigir justicia, reclamar daños o recuperar recursos que, desde la perspectiva del Estado mexicano, fueron obtenidos o perdidos mediante actos ilícitos.
Aunque la vía diplomática ha sido históricamente el principal mecanismo para resolver diferencias entre ambos países, las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han optado en casos de alto impacto por litigar directamente en cortes estadounidenses.
La demanda contra fabricantes de armas, el juicio civil para recuperar el dinero presuntamente desviado por Genaro García Luna y, ahora, las acciones legales por las muertes de connacionales bajo custodia migratoria, son algunos de los casos que en Nación321 tenemos para ti:
LAS MUERTES DE MEXICANOS A MANOS DE ICE
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará denuncias formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se investiguen las muertes de 17 mexicanos relacionadas con operaciones del ICE.
Según la Cancillería, 14 connacionales fallecieron mientras permanecían detenidos en centros migratorios administrados por esa agencia y otros tres murieron durante operativos migratorios.
La decisión representa un cambio en la estrategia del Gobierno mexicano. Antes de recurrir a los tribunales, la SRE envió 11 notas diplomáticas a Washington solicitando información sobre los casos y exigiendo su esclarecimiento. Sin embargo, al considerar insuficientes las respuestas de las autoridades estadounidenses, optó por trasladar el conflicto al ámbito judicial.
La estrategia está encabezada por Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, quien además notificó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, sobre el inicio de las acciones legales y adelantó que solicitarán el acompañamiento de organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Uno de los casos que detonó la decisión fue el de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas.
Además de las denuncias penales, México promoverá demandas civiles contra empresas privadas que administran centros de detención migratoria, entre ellas The GEO Group, una de las mayores operadoras del sistema en Estados Unidos y señalada en diversas ocasiones por organizaciones civiles debido a presuntas deficiencias médicas y malas condiciones de internamiento.
Durante su conferencia matutina del 13 de julio, Sheinbaum sostuvo que algunos de los fallecimientos podrían constituir homicidios y aseguró que el Estado mexicano agotará todas las herramientas jurídicas para evitar la impunidad.
El litigio ocurre en un contexto especialmente delicado. De acuerdo con datos de la SRE, más de 13 mil mexicanos permanecen actualmente bajo custodia migratoria en Estados Unidos, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido un incremento en las muertes registradas dentro de instalaciones del ICE y han documentado diversos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes migratorios.
LA BATALLA CONTRA LA INDUSTRIA DE LAS ARMAS
Antes del caso ICE, México ya había protagonizado otro litigio sin precedentes en Estados Unidos.
En agosto de 2021, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una demanda ante una Corte Federal de Boston contra once de los principales fabricantes de armas del mundo, entre ellos Smith & Wesson, Glock, Colt, Beretta, Barrett Firearms, Ruger y Century Arms.
El argumento central fue que sus prácticas comerciales facilitaban el tráfico ilegal de armamento hacia México y fortalecían la capacidad operativa de los grupos criminales.
La estrategia jurídica fue encabezada por Alejandro Celorio Alcántara, entonces consultor jurídico de la Cancillería, quien insistió en que México no buscaba cuestionar la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense ni impedir la venta legal de armas, sino demostrar que algunas empresas incurrieron en prácticas negligentes al diseñar, promocionar y distribuir armamento altamente atractivo para organizaciones criminales.
Como parte del litigio, el Gobierno mexicano presentó estudios especializados, rastreos balísticos y estadísticas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), según las cuales alrededor del 70 % de las armas recuperadas en escenas del crimen en México y rastreadas provienen de Estados Unidos.
Las empresas intentaron que el caso fuera desechado invocando la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), legislación que protege a fabricantes y vendedores frente a demandas relacionadas con el uso criminal de sus productos.
México, sin embargo, argumentó que existían excepciones dentro de esa ley aplicables al caso por presuntas conductas negligentes que facilitaron el tráfico ilícito de armas.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, la estrategia fue mantenida. Su administración defendió los argumentos construidos desde 2021 y celebró las resoluciones favorables que permitieron mantener vivo el litigio, así como acuerdos para luchar contra el tráfico ilegal de armas, considerado uno de los más importantes en materia de responsabilidad empresarial y violencia transfronteriza.
RECUPERAR EL DINERO DE GENARO GARCÍA LUNA
Ese mismo año, México abrió otro frente judicial en territorio estadounidense.
En septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una demanda civil ante una corte de Miami-Dade para recuperar recursos que presuntamente fueron desviados durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública.
La UIF sostuvo que, entre 2009 y 2018, más de 30 contratos públicos relacionados con tecnología y seguridad fueron adjudicados de manera irregular a empresas controladas por Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg Pinto.
Posteriormente, los recursos habrían sido transferidos mediante empresas fachada y paraísos fiscales hacia cuentas en Barbados y Estados Unidos, desde donde fueron utilizados para adquirir propiedades de lujo en Florida.
La esposa del exfuncionario, Linda Cristina Pereyra Gálvez, también fue incluida como codemandada al considerar que participó en la administración de empresas y bienes relacionados con el presunto esquema de lavado de dinero.
En mayo de 2025, la jueza Lisa Walsh dictó sentencia en rebeldía al determinar que ni García Luna ni su esposa comparecieron ante el tribunal, por lo que ordenó el pago de cerca de 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano.
Un año después, en mayo de 2026, otro tribunal de Florida emitió una nueva resolución favorable contra empresas y personas vinculadas con la red financiera de los hermanos Weinberg, condenándolas al pago adicional de 578.5 millones de dólares.
Con ello, las sentencias relacionadas con este caso superan los 3 mil millones de dólares, convirtiéndose en el mayor proceso de recuperación patrimonial impulsado por México en tribunales extranjeros.
¿CAMBIA LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-EU?
Los tres casos tienen elementos distintos, pero comparten una característica: el Gobierno mexicano decidió acudir a las instituciones judiciales estadounidenses para buscar soluciones que no encontró mediante canales políticos o diplomáticos.
Mientras el litigio contra los fabricantes de armas pretende establecer responsabilidades empresariales por el tráfico ilícito de armamento, el caso García Luna busca recuperar recursos públicos presuntamente desviados mediante corrupción.
Ahora, con las denuncias por las muertes de mexicanos bajo custodia de ICE, México da un paso adicional al solicitar que las propias autoridades estadounidenses investiguen posibles responsabilidades penales de agentes federales y, paralelamente, responsabilicen civilmente a empresas privadas encargadas de operar centros de detención migratoria.
De prosperar, este nuevo litigio no solo podría sentar un precedente en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, sino también consolidar una estrategia que ha cobrado fuerza en los últimos años: utilizar los tribunales estadounidenses como un instrumento para defender los intereses del Estado mexicano.
