La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo 6 de julio un proyecto que podría dejar sin efectos el proceso de fiscalización iniciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero contra el Ayuntamiento de Acapulco por el manejo de 898.6 millones de pesos de recursos federales, lo que impediría que la alcaldesa con licencia y aspirante a la gubernatura, Abelina López Rodríguez, sea sancionada por negarse a entregar información.
El proyecto fue elaborado por el ministro Arístides Guerrero García, también conocido como ‘ministro chicharrón’, quien propone invalidar las actuaciones de la auditoría estatal al considerar que carece de facultades para revisar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
De acuerdo con la propuesta, esa atribución corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conforme a lo establecido en los artículos 74 y 79 de la Constitución.
“Un órgano de fiscalización local no tiene atribuciones para fiscalizar la totalidad de los recursos asignados y ejercidos por los entes fiscalizables locales. De manera más precisa: las aportaciones federales se encuentran excluidas de dicha facultad”, señala el documento.
El proyecto también precisa que “De manera más precisa: las aportaciones federales se encuentran excluidas de dicha facultad porque tales recursos tienen como finalidad el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales mediante la provisión de recursos federales en apoyo a actividades específicas, mismas que sirven de complemento a las participaciones federales, pero con una naturaleza distinta”.
La controversia se originó en febrero de 2024, cuando la ASE ordenó revisar los recursos del FAISMUN ejercidos por el municipio de Acapulco. El ayuntamiento rechazó la auditoría al argumentar que únicamente la ASF puede fiscalizar fondos de origen federal.
Pese a ello, la Auditoría Superior del Estado continuó con el procedimiento, emitió observaciones preliminares por la falta de información y, en marzo de 2025, presentó un Informe Individual de Auditoría en el que observó 898.6 millones de pesos, equivalentes al 100% de la muestra auditada del fondo.
Ante los requerimientos adicionales y la posibilidad de imponer sanciones, el municipio promovió una controversia constitucional para impugnar las facultades del órgano fiscalizador estatal.
Corte mantiene suspendidos otros procedimientos contra Abelina López
Además de este asunto, la Suprema Corte mantiene pendiente la resolución de otra controversia relacionada con los procedimientos de revocación de mandato promovidos contra Abelina López.
En enero de este año, el Pleno del máximo tribunal confirmó la suspensión otorgada previamente por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, con la que se impidió que el Congreso de Guerrero continuara con esos procedimientos mientras se resuelve el fondo del litigio.
La medida cautelar fue concedida dentro de la controversia constitucional 176/2025, promovida por el síndico municipal de Acapulco, quien sostuvo que los procesos iniciados por el Congreso local eran inválidos.
La Corte declaró infundado el recurso de reclamación presentado por el Poder Legislativo estatal contra esa suspensión, luego de que el ministro Arístides Guerrero propusiera mantener vigente la medida cautelar.
De aprobarse el nuevo proyecto el próximo 6 de julio, la Auditoría Superior del Estado perdería la posibilidad de continuar con la revisión de los recursos federales ejercidos por el municipio de Acapulco y, con ello, quedarían sin efecto las posibles sanciones derivadas de ese procedimiento.
