La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán descartó que, hasta el momento, la investigación por el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez apunte a la participación de actores políticos. A un año del homicidio del exalcalde de Uruapan, la institución reportó un avance estimado de 90% y 33 personas detenidas.
Durante una rueda de prensa, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la Fiscalía, fue cuestionado sobre si Raúl Morón Orozco, Ignacio Campos y Leonel Godoy habían ordenado el asesinato de Manzo.
Ante la pregunta, el funcionario respondió: “La investigación, de forma objetiva, no nos indica que haya participación de alguna línea política; es lo que indica de manera objetiva la investigación hasta el momento”.
FISCALÍA APUNTA A UNA REPRESALIA DEL CRIMEN ORGANIZADO
De acuerdo con el comunicado de la institución, la principal línea de investigación sobre el móvil del homicidio es una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas por Manzo durante su gestión como alcalde de Uruapan.
Entre estas acciones, la Fiscalía destacó la detención de René ‘N’, alias ‘El Rino’, identificado como presunto integrante de una estructura criminal, así como los operativos para combatir actividades ilícitas en el municipio.
La institución también informó sobre la detención de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1′, y Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Lic.’, señalados como presuntos autores intelectuales del crimen.
SUMAN 33 DETENIDOS POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO
La institución informó que registra un avance estimado de 90% en la investigación y que suman 33 personas detenidas, también reportó aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación, al menos 3 mil actuaciones periciales y el análisis de mil 200 horas de videograbaciones.
Además, informó sobre 15 inmuebles cateados, 18 órdenes de aprehensión cumplidas y el aseguramiento de ocho armas de fuego y 335 cartuchos y municiones.
La FGE señaló que las actuaciones relacionadas con la mayoría de las personas detenidas están próximas a avanzar a la etapa de juicio. La responsabilidad penal de los acusados deberá ser determinada por las autoridades judiciales conforme a las pruebas presentadas.
