De Jalisco a Michoacán, pasando por la Ciudad de México y Zacatecas, distintas movilizaciones ciudadanas han acabado en golpes, detenciones y denuncias de supuesto abuso policial.
Los casos atraviesan administraciones de diferentes partidos y se suman a una historia de represión que antecede a los gobiernos actuales.
Las demandas han sido distintas, pero hay factor común: las movilizaciones terminaron con intervenciones de las fuerzas de seguridad, personas detenidas y señalamientos por uso excesivo de la fuerza pública.
El episodio más reciente ocurrió el pasado domingo 11 de octubre de 2026, durante la protesta por la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La movilización partió de la glorieta de La Minerva y avanzó hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, en Guadalajara.
Allí, después de que un grupo de manifestantes intentara derribar las vallas de protección, policías antimotines utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a los asistentes. Entre las personas afectadas hubo menores de edad y adultos mayores.
El gobierno estatal reportó 39 personas detenidas y 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad. Lemus atribuyó los enfrentamientos a un presunto grupo de choque; expresó su solidaridad con los uniformados y anunció que se revisarían las grabaciones para determinar si existieron excesos durante el operativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, pidió explicaciones al gobierno jalisciense y cuestionó el uso de gases y agua contra los manifestantes.
La intervención policial ocurrió después de meses de inconformidad por el suministro de agua de mala calidad, un problema que ha afectado a cientos de colonias.
Este episodio de violencia tiene antecedentes en el propio Jalisco, pero también en otras entidades gobernadas por fuerzas políticas distintas... en Nación321 te recordamos alguna.
¿POR NO USAR CUBREBOCAS? LA MUERTE DE UN TRABAJADOR EN JALISCO
Seis años antes de la movilización por el agua, otra protesta colocó a la policía de Jalisco bajo el escrutinio público.
Giovanni López, albañil de 30 años, fue detenido el 4 de mayo de 2020 por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. Según la versión de su familia, el arresto estuvo relacionado con no portar cubrebocas durante las restricciones sanitarias de la pandemia.
Al día siguiente, sus familiares supieron que había muerto. El parte médico señaló un traumatismo craneoencefálico. Cuando el video de su detención comenzó a circular, casi un mes después, el caso provocó manifestaciones para exigir justicia.
El 4 de junio de ese año, cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Gobierno, durante la administración del también emecista Enrique Alfaro.
Algunos participantes causaron daños al inmueble e incendiaron patrullas. La respuesta policial incluyó golpes, gas lacrimógeno y detenciones.
Las protestas continuaron al día siguiente, cuando agentes vestidos de civil interceptaron a jóvenes que participaban en las movilizaciones o se dirigían a ellas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco denunció detenciones ilegales y señaló posibles desapariciones forzadas.
Alfaro sostuvo entonces que detrás de los disturbios existían intereses políticos procedentes de la Ciudad de México. Paralelamente, la Fiscalía estatal informó de la detención de tres policías por su presunta responsabilidad en la muerte de Giovanni.
MELANIE, UNA JOVEN DE 16 AÑOS CON LA BOTA DE UN POLICÍA EN LA CARA
El 5 de junio de 2020, Melanie, una adolescente de 16 años, fue golpeada por policías de la Ciudad de México durante una manifestación en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y la representación del gobierno de Jalisco, en Polanco.
La movilización también exigía justicia por la muerte de Giovanni López, ocurrida bajo custodia policial en Jalisco, y se desarrolló en el contexto de las protestas contra el racismo y el abuso policial tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. En ese momento, Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno capitalina y Andrés Manuel López Obrador ocupaba la Presidencia de México.
La agresión contra Melanie quedó registrada en video. Las imágenes mostraron a policías derribándola y pateándola mientras estaba en el suelo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó ese mismo día que al menos tres agentes habían lesionado a una adolescente durante la manifestación y pidió investigar y sancionar a los responsables.
Sheinbaum condenó el abuso policial y solicitó que se investigara tanto a los agentes involucrados como a sus posibles mandos. Dos policías fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad en pandilla.
EL AGUA COMO EXCUSA PARA LA REPRESIÓN
El 2 de diciembre de 2022, habitantes de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, fueron reprimidos por policías capitalinos durante una protesta contra obras de drenaje del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).
Los pobladores cuestionaban la falta de consulta e información sobre los trabajos y bloquearon vialidades para exigir que las autoridades atendieran sus demandas. El enfrentamiento dejó personas lesionadas, tanto civiles como policías.
El entonces secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, defendió la realización de las obras al señalar que respondían a necesidades de salubridad y medio ambiente.
Sin embargo, los vecinos sostenían que no habían sido consultados adecuadamente. Tras el enfrentamiento, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una revisión de lo ocurrido ante las denuncias por el uso de la fuerza policial, incluso contra adultos mayores.
Días después, la administración capitalina reconoció actuaciones indebidas de mandos policiales y anunció medidas administrativas. Batres participó en las gestiones para abrir una mesa de diálogo con los habitantes, mientras continuaban las diferencias por el proyecto hidráulico.
ZACATECAS DE MONREAL GOLPEA A FEMINISTAS
El 8 de marzo de 2024, al término de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Plaza de Armas de Zacatecas, manifestantes y periodistas fueron víctimas de golpes y detenciones arbitrarias por parte de policías estatales y municipales. Los hechos ocurrieron durante el gobierno del actual mandatario, David Monreal, y provocaron reclamos por la actuación de las corporaciones de seguridad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigó el operativo y acreditó violaciones contra 15 mujeres. En diciembre de 2024, el organismo emitió la Recomendación 272/2024, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a la Presidencia Municipal de Zacatecas.
La CNDH documentó uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, así como violaciones a derechos relacionados con la libertad, la integridad personal y la protesta. La recomendación constituye uno de los elementos institucionales más claros para establecer las irregularidades cometidas durante la movilización.
PIDEN JUSTICIA POR CARLOS MANZO Y ACABAN EN EL PISO
El 2 de noviembre de 2025, manifestantes marcharon en Morelia para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Al final de la movilización, un grupo irrumpió en el Palacio de Gobierno y causó daños en el inmueble.
La policía detuvo a varias personas, en hechos ocurridos durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.
Después de las detenciones surgieron denuncias de golpes y tortura contra uno de los jóvenes arrestados. Su familia y defensa cuestionaron el trato que recibió bajo custodia, mientras que las autoridades enfrentaron exigencias para investigar posibles abusos durante el operativo.
NINGÚN PARTIDO SE SALVA
Las denuncias recientes tienen antecedentes en episodios ocurridos bajo gobiernos pasados del PRI y el PAN.
En mayo de 2006, los operativos en Texcoco y San Salvador Atenco (durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, y con Vicente Fox como mandatario federal) derivaron en detenciones, golpes y tortura sexual contra mujeres.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violaciones cometidas contra once mujeres durante aquellos hechos.
Antes, en junio de 2016, durante el gobierno de Peña Nieto, un operativo para liberar carreteras bloqueadas en Oaxaca terminó en enfrentamientos en Nochixtlán, en el contexto de las protestas magisteriales contra la reforma educativa. Hubo personas muertas y decenas de lesionadas. En 2017, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves a derechos humanos y señaló deficiencias en la planeación y ejecución del operativo.
Otros antecedentes tienen características distintas. En Acteal, Chiapas, 45 indígenas tsotsiles fueron asesinados por un grupo paramilitar en diciembre de 1997, en un caso marcado por denuncias sobre la omisión de las autoridades.
El 2 de octubre de 1968, la represión del movimiento estudiantil en Tlatelolco dejó un número de víctimas que aún no se ha establecido con certeza. Aunque no son episodios equivalentes, ambos forman parte de la historia de violencia y responsabilidad estatal que ha marcado la relación entre autoridades y ciudadanía.
Los casos recientes y los antecedentes históricos difieren en sus causas, magnitud y consecuencias legales. En algunos existen resoluciones de organismos de derechos humanos; en otros persisten denuncias que requieren investigación. Pero la violencia prevalece.
Mientras haya ciudadanos dispuestos a alzar la voz para exigir que se hagan valer sus derechos, podría haber siempre un policía, bajo las órdenes de un gobierno, dispuesto a reprimir cualquier reclamo popular. Aunque históricamente siempre ha sido así.
