Los abogados del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, interpusieron dos amparos en los juzgados localizados de Ensenada y Tijuana con la intención de evitar su traslado y garantizar su integridad en los expedientes se describen 17 actos reclamados.
El primero de los juicios de garantías, con el número de expediente 764/2026, se presentó en el Juzgado Octavo de Distrito en la localidad de Ensenada, y reclama actos de privación ilegal de la libertad, así como incomunicación de Ruffo Appel, y busca protegerlo de cualquier acto de tortura, malos tratos o afectación a su integridad personal.
Sus defensores interpusieron otro recurso, ahora en Tijuana, donde se presentó con el número de expediente 630/2026, en el Juzgado Décimo de Distrito.
En el último de los juicios de garantías, se reclama la emisión, libramiento, autorización, registro y comunicación de la orden de aprehensión; además que pide que no se le traslade fuera de Baja California. También reclama que se le privara de su libertad.
También se reclama la negativa a permitirle la comunicación privada con sus abogados, y directa con sus familiares; además de la negativa a recibir y administrarle sus medicamentos, por la interrupción de su tratamiento médico, y porque no se le autorizó una valoración médica integral. Tampoco se emitió alguna certificación que acredite que estaba médicamente apto para ser trasladado.
Sus defensores acusan en el expediente la falta, irregularidad u ocultamiento de su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones; y señalan también la tentativa de trasladarlo por vía terrestre o aérea.
Ambos procesos siguen vigentes, y se informa que se encuentra en trámite de respuesta por parte de las autoridades señaladas como responsables, desde policías locales, estatales y federales, hasta fiscales de la Fiscalía General de la República y jueces de distrito de diversas entidades.
Trasciende que los juicios causarán sobreseimiento y deberán archivarse, pues su función es meramente preventiva, y no pudo evitar el traslado y comparecencia ante el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
El exgobernador de Baja California y los otros implicados en una extensa red de huachicol fiscal deben responder por casi cien datos de prueba formulados en la audiencia de imputación este fin de semana por la Fiscalía General de la República (FGR).
