Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y siete personas más, todas imputadas por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Tras una maratónica audiencia que concluyó la mañana de este domingo, el juez determinó que Ruffo Appel y otros cuatros imputados (Ricardo N., José N., Juan N. y Luis N.) sean trasladados al penal federal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Mientras que José María ‘N’ y Guillermo ‘N’, también imputados en este caso, permanecerán en sus respectivos domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana ‘N’, quedará interna en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Una vez que la FGR hizo la imputación y tras el debate que se generó entre las partes, la defensa de cada uno de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Por ello, será en los próximos días cuando se defina si dichas personas sin vinculadas a procesos o no por este caso, considerado por la FGR como “la mayor y colosal red de contrabando de combustible en el país”, la cual habría causado un quebranto al erario por más de 4 mil millones de pesos.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la FGR expuso casi una centena de datos de prueba y formuló la imputación por los ilícitos referidos.
Tras diversos recesos durante la audiencia, lo que hizo que la audiencia se extendiera por casi 48 horas, el juez terminó la prisión preventiva para los imputados hasta en tanto define si los vincula o no a proceso.
Dichas personas fueron detenidas el jueves pasado como resultado del trabajo de una investigación “de alta complejidad” relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de diesel y gasolina.
La FGR informó que derivado de este caso se obtuvieron ya 25 órdenes de aprehensión, ocho de las cuales ya se cumplimentaron, entre ellas la de Ruffo Appel.
Según la FGR, Ruffo Appel y los co acusadas son parte de red que utilizó un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Ante el Juez la FGR dijo que estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
