En los últimos días, más de mil personas han abandonado sus hogares en comunidades de Chilapa, Guerrero, luego de varios días de ataques armados atribuidos al grupo criminal Los Ardillos.
Familias enteras han huido entre disparos, incendios y explosivos lanzados desde drones, mientras pobladores denuncian ausencia de autoridades y una crisis humanitaria que vuelve a poner sobre la mesa el problema del desplazamiento forzado interno en México.
Las comunidades de Xicotlán, Tula, Acahuehuetlán y Alcozacán, ubicadas en la Montaña Baja de Guerrero, se han convertido en el epicentro de una violencia que ya provocó asesinatos, desapariciones y el éxodo de cientos de habitantes.
De acuerdo con reportes del Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), los ataques comenzaron hace varios días con incursiones armadas, uso de armas de alto calibre y explosivos arrojados mediante drones.
Según el diario La Jornada, en medio de la ofensiva fueron asesinados José Guadalupe Ahuejote Xantenco, Víctor Ahuejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla, integrantes del Cipog-EZ. Además, otras personas continúan desaparecidas.
La organización denunció que los ataques obligaron a habitantes de distintas comunidades a desplazarse hacia Alcozacán, aunque posteriormente la violencia alcanzó también esa localidad.
Aunque oficialmente la Secretaría de Gobernación notificó ayer, 12 de mayo, que tomó el control de la zona, en videos difundidos durante los últimos días en redes sociales se observa a mujeres, niños y adultos mayores caminando de noche por caminos de terracería y carreteras mientras intentan escapar.
“Estamos solos, bajo las balas y las bombas”, denunció un habitante desplazado en un mensaje dirigido a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO SE EXTIENDE POR MÉXICO
La crisis en Chilapa ocurre en medio de un crecimiento nacional del desplazamiento interno provocado por la violencia criminal.
De acuerdo con el informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, publicado hace unos días y elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, durante este año al menos 15 mil 795 personas fueron desplazadas internamente en 73 eventos registrados en 11 estados del país.
El estudio identificó que el 83% de los desplazamientos estuvieron relacionados con violencia vinculada al crimen organizado.
Las investigadoras Agnes Jiménez, Suelem Luna y Janette Carrillo alertaron que el uso de explosivos, drones y minas antipersona se ha convertido en un nuevo factor de riesgo para las comunidades.
Según el informe, estas tácticas no sólo provocan la huida inmediata de familias enteras, sino que también dificultan el regreso seguro a sus comunidades, afectan actividades económicas y destruyen la vida cotidiana de las regiones afectadas.
Sinaloa concentró 39.2% de los eventos documentados durante 2025, seguido de Chihuahua, con 28.4% y Michoacán, con 21.3%.
Sin embargo, Guerrero se ha convertido en uno de los ejemplos más extremos de cómo la violencia criminal puede vaciar pueblos enteros.
UNA CRISIS RECONOCIDA TARDE Y SIN RESOLVER
Durante una conferencia magistral organizada en 2023 por Naciones Unidas Derechos Humanos México, Guillermo Fernández-Maldonado recordó que México reconoció oficialmente el desplazamiento interno apenas en 2019, pese a que el fenómeno se documenta desde la década de 1970.
El representante explicó que, según los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos promovidos por la ONU, las personas desplazadas son aquellas obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones a derechos humanos, sin salir del país.
Fernández-Maldonado advirtió que México todavía no cuenta con una ley general sobre desplazamiento interno ni con registros oficiales completos que permitan dimensionar el problema.
También alertó que en distintas regiones del país grupos criminales controlan territorios mediante amenazas, violencia e impunidad.
“Pocas veces las autoridades efectúan investigaciones, incluso sobre los crímenes más graves”, señaló.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL
Ante la situación en Chilapa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes 12 de mayo, que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atender personalmente el caso.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el gobierno busca evitar un enfrentamiento armado que afecte aún más a la población civil.
“Lo que estamos promoviendo es que puedan salir las personas heridas, que se quiten los bloqueos y mediante el diálogo permitir que esto ocurra porque hay personas armadas que están ahí”, declaró.
Horas más tarde, la Secretaría de Gobernación reconoció oficialmente el desplazamiento de al menos 120 personas y prometió devolver la paz a la zona mediante un despliegue de fuerzas de seguridad.
COMUNIDADES QUE HUYEN PARA SOBREVIVIR
La violencia en Chilapa y en otras zonas de México revela una realidad que organizaciones civiles y organismos internacionales llevan años denunciando: en distintas regiones de México hay comunidades enteras que viven bajo dinámicas similares a escenarios de guerra.
Drones explosivos, minas artesanales, retenes criminales y desplazamientos masivos forman parte de la vida cotidiana en algunas zonas del país.
Y mientras las autoridades buscan dialogar con los agresores, miles de personas continúan huyendo de sus hogares para intentar sobrevivir.
