La muerte de Jacqueline González Pérez, de 25 años, ocurrida tras una cesárea practicada en la Clínica Santa Sofía, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la posibilidad de una mala práctica médica. De acuerdo con la necropsia de ley, la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica primaria.
La joven ingresó al sanatorio para una cesárea programada el pasado 30 de abril. Según el testimonio de su esposo, Samuel Alejandro, el bebé nació en buenas condiciones; sin embargo, Jacqueline comenzó a presentar complicaciones casi de inmediato.
Pese a los síntomas, el familiar asegura que el personal médico le indicó que la condición era estable. “Me decían (los médicos): es normal, es estable”, afirmó. No obstante, durante la madrugada el estado de salud de la joven empeoró, por lo que se le practicó una nueva intervención quirúrgica. De acuerdo con su esposo, en ese momento no se les informó con claridad que el procedimiento implicaría la extirpación del útero. “Nos dice la partera ‘hay que quitar la matriz, le vamos a quitar la matriz porque ya no le va a servir, ya es su último hijo, ¿para qué la quiere’”, señaló.
La condición de Jacqueline continuó deteriorándose. Según el testimonio, fue ingresada nuevamente al quirófano sin autorización de la familia, donde fue intubada y permaneció en estado de coma. Ante la falta de mejoría, fue trasladada al Hospital Rafael Pascacio Gamboa, donde médicos detectaron una hemorragia interna presuntamente relacionada con una mala sutura, además de daño hepático, lo que obligó a realizar transfusiones de sangre.
“Los doctores vieron el estado crítico de mi esposa y me dijeron que ella ya tenía el 93% de probabilidad de muerte y la tenían que operar para ver qué hicieron los otros doctores”, explicó el esposo. Pese a los esfuerzos médicos y tras varios paros cardíacos, la joven falleció.
Tras los hechos, la FGE abrió una carpeta de investigación y aseguró la clínica como parte de las diligencias. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca señaló que la autoridad no fue notificada por el establecimiento. “No tuvimos ningún aviso de esta clínica particular… nosotros nos enteramos por las redes sociales de manera inmediata”, declaró.
El funcionario indicó que se realiza un análisis detallado del expediente clínico, así como de la actuación del personal médico involucrado. “Estamos nosotros investigando la negligencia médica, vamos a deslindar responsabilidades penal y también administrativa en cuanto a esta clínica”, afirmó. Asimismo, agregó: “Estamos haciendo también un análisis muy minucioso del expediente clínico… y así como también estamos deslindando responsabilidades por posible negligencia médica o mala práctica”.
La Fiscalía también confirmó que existen otras denuncias relacionadas con el mismo sanatorio. “Hemos recibido otras denuncias de pacientes que fueron intervenidos y que hay también inconformidades en esta clínica”, señaló.
El caso ha generado exigencias de justicia por parte de la familia de Jacqueline, quien además deja a dos hijos. “Tienen que pagar”, expresaron sus allegados, al considerar que su muerte no debe quedar impune.
