El diputado federal del Grupo Parlamentario del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó una denuncia contra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto uso indebido de recursos públicos y de la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido.
La denuncia, dijo se dirige en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; de la exembajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena; así como de otras personas que pudieran resultar responsables, “por hechos que podrían constituir delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y encubrimiento”.
De acuerdo con la información presentada, el hijo del entonces canciller habría habitado la residencia oficial diplomática durante aproximadamente seis meses, haciendo uso de instalaciones, servicios y recursos públicos sin contar con cargo, comisión o función oficial que justificara su estancia.
“Estamos frente a hechos que no pueden normalizarse. El uso de bienes públicos para beneficio personal o familiar es una falta grave y, de confirmarse, un delito que debe sancionarse”, señaló el diputado Marcelo Torres.
El legislador subrayó que la denuncia busca que las autoridades investiguen a fondo la posible utilización indebida de un inmueble destinado a funciones diplomáticas, así como el uso de recursos públicos asociados a su operación.
“No se trata de señalamientos políticos, se trata de legalidad. Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios ni de sus familias”, afirmó.
Asimismo, se solicitó a la Fiscalía la realización de diversas diligencias, entre ellas la comparecencia de las personas señaladas, el requerimiento de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Reino Unido, así como la obtención de registros, bitácoras y documentación administrativa que permitan esclarecer los hechos.
De manera paralela, el PAN también presentó una denuncia por posibles faltas administrativas graves ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por conductas como abuso de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
“Debe investigarse quién autorizó, quién permitió y quién se benefició. En el servicio público no hay espacio para privilegios personales”, enfatizó.
