Desde el Penal de Máxima Seguridad No. 1 del Altiplano, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, rompió el silencio tras casi un año de reclusión mediante una carta manuscrita enviada a la opinión pública.
En la misiva, el exfuncionario se declaró completamente inocente de los delitos que se le imputan y rechazó categóricamente los señalamientos que lo posicionan como presunto líder del grupo criminal conocido como La Barredora, afirmando que “Yo soy inocente porque nunca participé en los hechos que se me acusan”.
En el documento difundido por el periodista Víctor Hugo Arteaga, Bermúdez Requena sostuvo que existe una campaña política y mediática en su contra que ha vulnerado su presunción de inocencia y su derecho al debido proceso. El exfuncionario apeló a sus más de cuatro décadas de servicio en el sector público y privado, destacando que durante su trayectoria sirvió con lealtad a seis gobernadores tabasqueños sin haber registrado antecedentes penales, argumentando que su desempeño en la Secretaría de Seguridad “jamás fue improvisado” y siempre estuvo apegado a la legalidad.
Como parte de su estrategia, el exsecretario interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida contra el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez. En el escrito de once páginas, la defensa detalla que el mandatario ha ejercido como un juez de facto al calificarlo públicamente, citando tres momentos específicos entre 2024 y 2026 en los que May hizo declaraciones ante los medios acusándolo de encabezar a La Barredora o anticipando nuevas imputaciones antes de que exista una sentencia firme.
Respecto al papel de la prensa, el periodista Arteaga aclaró que, si bien la queja ante la CNDH incluye enlaces a reportajes de diversos medios nacionales, las publicaciones periodísticas únicamente han reproducido las versiones e informes oficiales proporcionados por las autoridades del Gabinete de Seguridad federal. No obstante, en su misiva Bermúdez Requena arremetió contra la cobertura sobre su caso, dirigiéndose a los “Medios a los que cuestiono por sostener una sola línea informativa debido a la condición actual en la que me encuentro, privado de mi libertad en el Penal de Máxima Seguridad No. 1 de Almoloya de Juárez, Estado de México”.
En su escrito ante la CNDH, el exfuncionario exige una disculpa pública institucional y solicita al Poder Judicial de la Federación que garantice los principios del sistema penal acusatorio, reiterando que “la presunción de inocencia como regla de tratamiento durante el proceso; la obligación de que la carga de la prueba corresponda a quien lo acusa, con elementos “sólidos, contundentes, claros objetivos y precisos”; y la afirmación de que, sin esas pruebas, no existe ninguno de los delitos que se le atribuyen”.
