La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa otra vez un momento de tensión.
Esta vez, el conflicto no empezó en un plantel ni en una protesta estudiantil, sino en el proceso que cada año define quiénes pueden ingresar a sus licenciaturas. La aplicación en línea del examen de admisión 2026 quedó bajo sospecha después de que la propia institución detectara múltiples irregularidades y anunciara una revisión extraordinaria de los resultados.
La controversia escaló hasta obligar a la Universidad a suspender temporalmente los trámites de inscripción y a conformar una Comisión Técnica para revisar tanto el procedimiento como los resultados del concurso.
Este lunes, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló formalmente el grupo encargado de analizar el caso y dejó abierta la puerta a cualquier escenario: “todas las opciones están sobre la mesa”, dijo. La frase abrió la posibilidad de que el proceso pueda modificarse de manera sustancial, aunque la Universidad todavía no ha anunciado una decisión definitiva.
Para miles de aspirantes, la discusión es: si hubo quienes utilizaron herramientas de inteligencia artificial u otros mecanismos no permitidos para resolver la prueba, ¿pueden considerarse válidos los resultados? Del otro lado están quienes ya fueron seleccionados y temen perder un lugar que obtuvieron después de meses de preparación.
El conflicto ha llevado a estudiantes a las calles para exigir explicaciones y una mesa de diálogo. La disputa por el examen, sin embargo, ocurre en una institución que en los últimos años ha enfrentado otras crisis que también pusieron en duda sus mecanismos de seguridad, vigilancia y respuesta. Aquí, en Nación321 te los recordamos:
LOS PORROS Y LA MARCHA QUE CIMBRÓ A RECTORÍA
El antecedente más evidente es el ataque ocurrido el 3 de septiembre de 2018, cuando estudiantes que se manifestaban frente a Rectoría fueron agredidos por grupos porriles. La protesta había comenzado por demandas de alumnos del CCH Azcapotzalco, pero terminó en una escena de violencia que conmocionó a la comunidad universitaria: jóvenes perseguidos y golpeados con piedras, palos y otros objetos, mientras algunos resultaron gravemente heridos.
La propia UNAM calificó entonces el ataque como una agresión “artera y brutal”. Dos estudiantes fueron trasladados al hospital con lesiones severas y, en uno de los casos, se reportó que las heridas ponían en riesgo la vida.
La indignación creció todavía más por las imágenes y videos difundidos después del ataque. En ellos se cuestionó la actuación del personal de vigilancia de la Universidad y el acceso de grupos de agresores a las inmediaciones de Ciudad Universitaria. La propia UNAM abrió entonces un canal para recibir fotografías, videos y testimonios con el propósito de investigar la actuación de sus elementos de vigilancia y determinar responsabilidades.
La respuesta estudiantil fue inmediata. Dos días después, miles de personas marcharon hacia Rectoría bajo una consigna que resumía el enojo acumulado: “¡Fuera porros de la UNAM!”. A la movilización se sumaron estudiantes de prácticamente todos los planteles de la Universidad, así como contingentes del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras instituciones.
La crisis obligó a la administración universitaria a anunciar medidas contra los grupos porriles y a revisar los mecanismos de seguridad. La presencia de estos grupos no desapareció por completo, pero el episodio sí marcó un punto de quiebre en la relación entre la comunidad estudiantil y las autoridades universitarias.
También dejó una pregunta que volvería a aparecer años después: qué ocurre cuando la propia estructura encargada de vigilar la Universidad es señalada por permitir o no impedir una agresión dentro de sus instalaciones.
LESVY OSORIO: CUANDO LA VÍCTIMA TERMINÓ BAJO SOSPECHA
Meses antes, otro caso había provocado una movilización distinta, esta vez encabezada principalmente por estudiantes y colectivos feministas.
El 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlín Osorio fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria. La joven, de 22 años, fue localizada junto a una caseta telefónica en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería. En las primeras horas, la versión difundida por la Procuraduría capitalina apuntó hacia un suicidio, una hipótesis que provocó indignación entre sus familiares y organizaciones feministas.
La polémica no se limitó a la investigación. La forma en que las autoridades comunicaron el caso generó fuertes críticas por la revictimización de Lesvy y por la difusión de detalles sobre su vida personal. El caso se convirtió rápidamente en una exigencia de justicia dentro de la Universidad y en un reclamo contra la violencia de género.
Estudiantes y colectivos organizaron movilizaciones en Ciudad Universitaria para exigir que la muerte de Lesvy fuera investigada como un feminicidio y no como un suicidio. Con el tiempo, la investigación dio un giro y el caso terminó judicializado como feminicidio, mientras la presión de su familia y de colectivos feministas mantuvo el expediente en el centro de la discusión pública.
La muerte de Lesvy dejó otra herida en la comunidad universitaria: la percepción de que la Universidad y las autoridades encargadas de investigar la violencia contra las mujeres habían fallado, primero, en protegerla y, después, en reconocer adecuadamente la naturaleza de su muerte.
LA INTIMIDAD VIOLADA EN BAÑOS DE LA UNAM
Otro de los episodios que generó indignación dentro de la UNAM ocurrió en la Facultad de Ciencias, donde estudiantes denunciaron la aparición de videos grabados ilegalmente en baños de mujeres que posteriormente fueron difundidos en una página pornográfica. El caso tomó relevancia en 2019, cuando alumnas alertaron a las autoridades universitarias sobre la existencia de ese material.
La propia Facultad informó entonces que había emprendido acciones para localizar a quienes realizaban las grabaciones y que incluso había remitido a dos personas al Ministerio Público; sin embargo, ambas fueron liberadas debido a que no habían sido detenidas en flagrancia. La institución también recurrió a la UNAM-CERT y a autoridades de ciberseguridad para solicitar el retiro de los videos.
Ante el caso, la Facultad realizó una revisión de sus instalaciones y aseguró que no encontró cámaras ocultas dentro de los sanitarios. Las autoridades señalaron que las imágenes podrían no ser recientes y que tampoco estaba confirmado que todo el material difundido hubiera sido grabado en esos baños. Aun así, reforzaron la seguridad en la zona con mayor iluminación, cámaras en los accesos y botones de pánico.
CCH SUR: UN ASESINATO Y UNA OLA DE AMENAZAS
En septiembre de 2025, la violencia volvió a irrumpir directamente en un plantel. Un estudiante fue asesinado con un arma blanca dentro del CCH Sur y un trabajador resultó lesionado cuando intentó intervenir. El presunto agresor fue detenido después de intentar escapar del plantel. El hecho provocó la suspensión de actividades y abrió nuevamente el debate sobre los controles de acceso y los protocolos de seguridad en las escuelas de la UNAM.
Lo ocurrido no terminó con el ataque. En los días posteriores comenzaron a circular en redes sociales amenazas de posibles tiroteos, atentados y actos violentos en distintos planteles.
Algunas advertencias resultaron falsas, pero fueron suficientes para provocar desalojos, suspensiones de actividades y una sensación generalizada de miedo entre estudiantes, profesores y padres de familia.
El CCH Sur dejó expuesto un problema que la Universidad todavía enfrenta: cómo responder ante una amenaza cuando el riesgo puede ser real, pero también cómo evitar que una sucesión de mensajes anónimos termine paralizando las actividades académicas.
EL PRIMER EXAMEN EN LÍNEA
El conflicto actual tiene una naturaleza distinta. No hay un agresor armado ni una víctima directa de violencia física. Pero el cuestionamiento toca otro de los pilares de la Universidad: la legitimidad de su proceso de ingreso.
La UNAM reconoce que existen elementos que deben ser revisados. Por eso creó una Comisión Técnica que analizará el procedimiento y los resultados del examen aplicado este año. La Universidad también ha suspendido temporalmente los trámites de inscripción mientras concluye la revisión.
Por eso, el nuevo conflicto puede convertirse en otro momento decisivo para la UNAM.
En 2018, la exigencia fue expulsar a los grupos porriles. En el caso de Lesvy, fue reconocer la violencia de género y evitar la revictimización. Después vinieron las demandas de mayor seguridad ante ataques y amenazas. Ahora, el reclamo es por la integridad de un mecanismo que determina quién entra y quién queda fuera de la Universidad.
En todos estos episodios hay un punto en común: la comunidad universitaria terminó saliendo a las calles cuando consideró que las respuestas institucionales no eran suficientes.
