La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, un hombre con discapacidad intelectual que desapareció en 2021 y cuyo cuerpo terminó siendo entregado a la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) sin que sus familiares fueran notificados, pese a que las autoridades ya contaban con muestras genéticas para identificarlo.
El caso fue calificado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) como una “desaparición administrativa”, al considerar que existieron fallas institucionales graves que impidieron localizar e identificar oportunamente a la víctima.
Durante el acto público realizado el miércoles, la Fiscalía capitalina reconoció omisiones en la investigación y en los procesos de identificación forense. La disculpa se realizó como parte de las medidas derivadas de la Recomendación 09/2025 emitida por la CDHCM.
A nombre de la institución, el coordinador general Jurídico y de Derechos Humanos de la FGJCDMX, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, admitió que hubo deficiencias que afectaron “el derecho de la víctima de ser buscada de manera inmediata y efectiva, así como el derecho de su familia de recibir atención adecuada”.
Julio César Cervantes Cabañas desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la colonia El Molino de Santo Domingo, en la alcaldía Álvaro Obregón. Su familia presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), además de entregar muestras genéticas en 2022 para facilitar su localización.
Sin embargo, la investigación acumuló irregularidades. De acuerdo con la CDHCM, la Fiscalía no realizó adecuadamente el cruce de información entre áreas internas, pese a que ya existía una carpeta de búsqueda activa.
El cuerpo de Julio César fue encontrado en enero de 2024 en calles de la alcaldía Coyoacán y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) como persona no identificada. Aunque las autoridades ya tenían el perfil genético de su familia, éste no fue utilizado para identificarlo y posteriormente el cadáver fue entregado al IPN con fines académicos.
La familia fue notificada casi diez meses después del hallazgo.
“Las omisiones expuestas previamente denotan la posibilidad de hacer referencia a una ‘desaparición administrativa’, ya que a pesar de que las autoridades contaron con la información sobre el paradero de víctima directa número uno, no solamente no pudo ser entregado a la familia, debido a las deficiencias sistemáticas, estructurales y de operación para la búsqueda de personas desaparecidas, sino que entre las mismas autoridades no se logró la identificación de información relevante para el cumplimiento a sus deberes de intercambio efectivo de la misma”, señaló la recomendación de la CDHCM.
Durante la ceremonia, Laura Cabañas Arreola, madre de Julio César, aceptó la disculpa pública, aunque advirtió que el reconocimiento institucional no puede quedarse únicamente en el discurso.
“Las palabras deben ir acompañadas de acciones, cambios estructurales al interior de la Fiscalía y medidas de no repetición para que nunca más ninguna familia tenga que pasar por lo mismo”, expresó.
La presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, sostuvo que la disculpa pública representa apenas un primer paso y enfatizó que lo importante será garantizar acciones concretas de no repetición.
Tras el caso, el INCIFO se comprometió a evitar nuevos convenios similares con instituciones educativas para impedir que se repita una situación como la ocurrida con Julio César Cervantes Cabañas.
