El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y actual senador por el Paertido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, se ha visto rodeado de polémicas, pues exfuncionarios durante su mandato han sido detenidos o son investigados por diversas irregularidades.
Al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum y de la fiscal Ernestina Godoy se reveló que hay 35 exfuncionarios que son investigados, algunos de ellos ya procesados, por ejercicio ilegal de atribuciones y facultades. Además de que la Contraloría halló el presunto desvío de mil 588 millones de pesos en recursos públicos.
Del espionaje por el caso de la calle Sterling al desfalco en la reconstrucción por el sismo de 2017, miembros del círculo cercano del exmandatario están en la mira.
El 5 de diciembre de 2018 se presentó una denuncia por una supuesta casa de espionaje en la CDMX, por lo que se inició una investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) e incluso fueron llamados a declarar más de 30 personas. En dichas entrevistas, obtuvieron pruebas de que exservidores públicos participaron de manera activa en escuchas telefónicas privadas, intervención de telefonía celular, mensajes y correos electrónicos de personajes de la política y periodistas.
Dicho centro habría operado entre 2016 y 2018 en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, de la colonia Centro.
Hasta el 10 de enero de 2023, la dependencia había detenido a 7 implicados:
De acuerdo con las declaraciones, José Roberto 'N' reveló que tenía la instrucción de “espiar” a personajes como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Obrador, Patricia Mercado, Olga Sánchez Cordero, entre otros.
Operaban con aparatos comprados por la antigua Procuraduría capitalina y además de permitir las escuchas, grababa las conversaciones. Se habrían invertido alrededor de 500 millones de pesos entre la compra de equipo y nómina de personal.
En una declaración entregada a la Fiscalía, Jaime Slomianski Aguilar, extitular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), y actual prófugo de la justicia, el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, habría encabezado la red de espionaje y que esto, incluso, le generaba ganancias económicas.
Sobre estos señalamientos, el senador del PRD, rechazó las acusaciones y dijo que era un plan que se orquestaba en su contra.
Berenice Guerrero Hernández, exsubsecretaria de Planeación Financiera; José Iván Morales Palafox, exdirector de Operación de Fondos y Valores, y Gabriel Rincón Hernández, exdirector general de Administración Financiera fueron los primeros exfuncionarios del gobierno de Mancera detenidos por corrupción.
De acuerdo con la denuncia realizada por la Procuraduría Fiscal el ilícito se cometió el 7 de junio de 2018 cuando se transfirieron 190 millones 24 mil 307 pesos desde la cuenta bancaria de la dependencia hacia la cuenta de una empresa que no se encontraba registrada en el padrón de proveedores de la institución, sin antecedentes con la administración pública y sin haber previsto ninguna obra o servicio.
Con los trabajos de inteligencia, gabinete y campo desarrollados por la Fiscalía se conoció la probable participación de los tres implicados y el puesto que ocupaban como servidores públicos, y se confirmó con instituciones bancarias los movimientos en cuentas públicas de particulares.
Asimismo se corroboró el daño causado a la hacienda pública de la Ciudad de México, por lo que, una vez reunidas las pruebas, se solicitó a un juez de control liberar las órdenes de aprehensión contra los implicados, que se cumplieron ayer.
Excolaborador y asesor del exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se encuentra en prisión domiciliaria desde septiembre de 2022 luego de que se convirtiera en testigo protegido bajo el acuerdo de revelar detalles del posible desvío de cerca de mil millones de pesos del erario capitalino.
Se cree que habría revelado el nombre de al menos 35 exservidores públicos involucrados en hechos de corrupción en la administración pasada.
A la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno capitalino, fue nombrado subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas y en 2018 jefe de gabinete de la jefatura de Gobierno.
Durante ese periodo se ganó el mote del “Zar de la Nómina” por ser quien controlaba el pago de más de 320 mil trabajadores del Gobierno de la CDMX, junto con el exlíder sindical Juan Ayala.
En febrero de 2020 fue detenido en una residencia de Jardines del Pedregal donde se realizaban reuniones de carácter político, en aquél momento se le ligaba con el desfalco de 293 millones en la Caja de Previsión de la Policía capitalina.
Sin embargo, para diciembre de 2020, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) dio a conocer que Miguel Ángel Vázquez era señalado por el delito de coalición de servidores públicos al simular empresas para desviar cerca de mil millones de pesos en recursos públicos.
El excoordinador de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto a una red de colaboradores cercanos a Mancera, por presuntamente impulsar desarrollos inmobiliarios y otorgar contratos de manera indebida.
Su nombre surgió como parte central de un cártel supuestamente establecido para beneficiar a un grupo de empresas con diversos contratos de obra pública.
Es socio de Simón Neumann y compañero de Miguel Ángel Mancera Espinosa en la empresa inmobiliaria BAITA.
El exdirector de la Agencia de Gestión Urbana en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, actualmente se encuentra prófugo, está señalado por diversas irregularidades que provocaron un daño al erario por 29 millones de pesos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) expuso que por este delito se han girado órdenes de aprehensión contra diversos de sus colaboradores, quien habría contratado a diversas firmas de asesoría técnica, administración, planeación y otros servicios, que eran innecesarios.
De acuerdo con la FGJ, para concretar las licitaciones era indispensable contar con la autorización y firma del titular de la extinta agencia, responsable de dar atención y mantenimiento a la infraestructura urbana de la Ciudad de México como pavimentación de vías primarias, jardinería y alumbrado público.
Jaime Slomianski ha tramitado diversos amparos para evitar ser indagado por las autoridades ante las acusaciones de malos manejos de los recursos públicos.
Se desempeñó como secretario particular del jefe de gobierno y era quien, además de llevar la agenda pública y privada, coordinaba los encuentros con empresarios y diversos sectores de la sociedad.
En septiembre de 2022 compareció ante la Fiscalía como testigo por el caso Sterling, no como imputado.
También es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La averiguación forma parte de una denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la FGR
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), Serna habría gastado 23 millones de pesos en una tarjeta a nombre de Jack Landsmanas, dueño del corporativo Kosmos, uno de los principales contratistas del gobierno de la Ciudad de México y quien recibió 14 millones de pesos en contratos.
Igualmente, revelaron que, entre 2014 y 2016, la esposa de Serna, María de los Ángeles Simón, adquirió cuatro propiedades con un valor comercial de 31.8 millones de pesos. Tres fueron pagadas de contado, mientras que la cuarta correspondió a una donación, pero ningún inmueble fue declarado.
El exfuncionario está relacionado con el Cártel Inmobiliario.
El exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México, fue detenido en noviembre de 2021 en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, por presunto enriquecimiento ilícito. Su detención se derivó de los datos aportados por otro exfuncionario del senado: Miguel Ángel Vázquez, “El zar de las nóminas”.
De diciembre de 2012 a octubre de 2016 fue coordinador general y administrador de la Central de Abasto, sitio que dejó para después asumir el cargo de jefe de gabinete.
Es investigado por la Fiscalía capitalina por malos manejos en el fideicomiso de la CEDA al entregar a una empresa la explotación de estacionamientos, baños y publicidad y por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales al no reportar siete propiedades en diferentes alcaldías. En septiembre de 2019, la Contraloría de la Ciudad de México también lo inhabilitó por diez años por malos manejos en la asignación de bodegas.
Según la FGJCDMX, tres exfuncionarios identificaban bodegas no utilizadas de la Central de Abastos y las asignaban para que de inmediato las vendieran.
Julio César Serna también se encuentra relacionado con una carpeta de investigación por uso indebido de facultades, y en otra más por un suceso en Iztapalapa por daño en propiedad ajena.
Es hermano de Luis Serna, otro de los personajes cercanos a Mancera investigados.
El exfuncionario cuenta con tres órdenes de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, fue localizado en abril de 2021 en Madrid y posteriormente extraditado a México.
Se le acusa de desviar 48 millones de pesos de recursos públicos que deberían haberse utilizado para la reconstrucción de viviendas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 cuando se encontraba en la Secretaría de Obras (Sobse) dependencia que luego de los daños, era la encargada de realizar la demolición de edificios dañados.
En marzo de 2018 fue designado como nuevo Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México tras la renuncia de Ricardo Becerra al revelar que los diputados Leonel Luna y Mauricio Toledo del PRD así como Jorge Romero del PAN eran quienes decidían la aplicación de los recursos económicos.
Tungüí recibió la medalla “Aportes sobresalientes en beneficio de le Ciudad de México” el 26 de julio de 2018; pero en septiembre de ese mismo año enfrentó acusaciones por autorizar contratos por 70 millones de pesos a una empresa en donde su hermano trabajaba.
El exdirector general de construcción de obra civil en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México fue detenido el 8 de octubre de 2020 en el estado de Querétaro.
Este exfuncionario es considerado responsable de la contratación indebida de empresas privadas y el pago a sobreprecio de la demolición de varios edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Herrera era uno de los principales colaboradores de Edgar Tungüí.
Las investigaciones señalan que el exfuncionario habría otorgado de forma irregular dos contratos, con un valor de 12 y 3 millones de pesos, a dos empresas de construcción.
Presuntamente habría incurrido en actos de corrupción en complicidad con Enrique Takahashi Villanueva, exdirector de Licitaciones de Obras Públicas actualmente detenido, y Gerardo Báez Pineda.
El primero de los contratos por los que se le indaga fue otorgado a una empresa encargada de la reconstrucción de dos edificios ubicados en el Multifamiliar Tlalpan, misma que llevó a cabo la demolición de ambos inmuebles ubicados en la alcaldía Coyoacán.
El segundo fue un contrato de obra de demolición para un inmueble ubicado en Concepción Béistegui, alcaldía Benito Juárez.
Fue secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), designado el 20 de octubre de 2014 luego de ser asesor del entonces jefe de Gobierno, para sustituir a Simón Neumann y fue uno de los funcionarios que rechazó la existencia del Cártel Inmobiliario. Actualmente está prófugo y es buscado en 194 países.
A la llegada de Claudia Sheinbaum a la jefatura de Gobierno, denunció que encontró irregularidades en la autorización de 48 polígonos de actuación.
A Gutiérrez Gutiérrez se le atribuye ser el artífice de los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC), denominados Granadas, Tacubaya, Alameda-Reforma, La Mexicana y Distrito San Pablo y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación la Seduvi omitió acreditar el destino de 656 millones que debían ser aportados por desarrolladores inmobiliarios, como su contribución a la ciudad por los SAC.
El extitular de la Seduvi cuenta con una orden de aprehensión por el mal uso de los recursos otorgados para la reconstrucción derivada de los sismos del 19 de septiembre de 2017, por lo que a principio de octubre de 2019 se emitió una ficha roja para localizarlo.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX investiga si los recursos del erario capitalino, alrededor de 150 millones de pesos, fueron utilizados en las campañas electorales de 2018.
Fue acusado junto con el excomisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Edgar Tungüí, y otros servidores públicos, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, al autorizar recursos irregulares para diversos proyectos de vivienda.
Extitular del INVI y de la Secretaría de Seguridad Pública
El exfuncionario, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno, es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por uso indebido de atribuciones y facultades, pues en 2017 se desempeñaba como titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) y es señalado por presunto uso ilegal de atribuciones y facultades, por la adquisición de un predio por 21.3 millones de pesos sin tener la autorización del comité de suelo.
La orden de aprehensión derivó de una auditoría a su gestión en el INVI, en la cual se detectó la autorización de la construcción de un conjunto habitacional en Paseo de los Olmos 110, en Colinas del Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuyo costo no correspondió a viviendas de interés social.
El 3 de enero de 2020, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, confirmó que la entonces Procuraduría contaba con una orden de aprehensión y el 14 de enero solicitaron a la Interpol la emisión de una ficha roja contra el exfuncionario.
El 8 de septiembre de 2021, un juez de la CDMX libró una orden de aprehensión y el 31 de octubre, la Fiscalía capitalina solicitó a EU su extradición.
No obstante, el 4 de enero de 2022, un juez federal de la CDMX otorgó un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión del 21 de marzo de 2020.
Pese a todos los señalamientos, en julio de 2022 fue captado por medios de comunicación cerca deI Instituto Cultural Mexicano, en Washington (EU), donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios mexicanos y estadounidenses.
El exdirector de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) fue detenido en septiembre de 2021 por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades y por causar al erario daños por 21 millones de pesos.
Era un cercano colaborador de Raymundo Collins, exdirector del INVI.
Un año antes, había sido dejado en libertad al prescribir el ejercicio de la acción penal por acusaciones que lo implicaban en el desvío de 475 millones de pesos para adquirir un inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón, sin contar con la autorización previa del Comité de Suelo.
Sin embargo, la Fiscalía encontró otros cargos para mantenerlo preso en supuesta asociación con Collins, quien se mantiene prófugo en Estados Unidos.
