Un juez de control vinculó a proceso a ocho personas físicas y tres empresas por el homicidio culposo de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes murieron el 5 de abril de 2025 tras el desplome de una estructura decorativa durante el festival AXE Ceremonia, celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.
La resolución se dictó durante la madrugada de este martes, luego de una audiencia de continuación que se reanudó a las 19:30 horas del lunes y concluyó alrededor de las 02:00 horas. Entre las personas sujetas a proceso se encuentra María ‘N’, encargada de Protección Civil del evento, cuya vinculación había sido determinada desde el jueves pasado.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sustentó su acusación en presuntas irregularidades en el cumplimiento del programa de Protección Civil del festival, el cual no contemplaba la colocación de una estructura decorativa sobre una grúa, utilizada como punto de encuentro y que terminó por colapsar debido a los fuertes vientos.
El juez también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público podrá continuar reuniendo pruebas sobre las posibles responsabilidades en el accidente.
Familia de Miguel Ángel celebra resolución y denuncia retrasos
Edwin Alan Piñón González, representante legal de la familia de Miguel Ángel Rojas, consideró que la determinación judicial representa un avance importante después de 18 meses de los hechos.
El abogado señaló que las empresas imputadas recurrieron a distintas acciones legales que, desde su perspectiva, buscaron aplazar el desarrollo del procedimiento.
Asimismo, aseguró que detectaron una “coalición entre la asesoría jurídica de Berenice Giles con una de las empresas imputadas, que también impulsaron una estrategia para poder evitar llegar a esta audiencia”.
Señalan presunto cobro de seguro por parte de empresas
Previo a la resolución judicial, familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas se manifestaron frente a las salas de oralidad ubicadas en avenida Niños Héroes, donde denunciaron que Grupo Eco, una de las compañías organizadoras del festival y ahora vinculada a proceso, habría recibido una suma millonaria correspondiente a una póliza de seguro relacionada con el fallecimiento de ambos fotoperiodistas.
Al respecto, Piñón González sostuvo que las empresas ya habían recibido recursos sin que esta información fuera comunicada a las autoridades ministeriales ni a los representantes legales de las víctimas.
“Esa información es muy importante porque los seguros ya fueron cobrados por parte de las empresas. Esa información nunca fue informada a la Fiscalía, nunca se le hizo del conocimiento a ninguna de las asesorías jurídicas”, afirmó.
Sobre la posibilidad de que los familiares de Miguel Ángel reciban algún apoyo económico, el abogado explicó que “en teoría, los montos que maneja la póliza de seguro es para incidentes y riesgos, y la agencia de los socios la cobró a nombre de la familia”.
Las indagatorias continuarán durante los próximos tres meses para determinar las responsabilidades penales derivadas del desplome de la estructura que provocó la muerte de los dos fotoperiodistas mientras realizaban su trabajo.
