Estudiantes del Posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) tomaron el plantel Del Valle para exigir explicaciones sobre el presupuesto destinado a becas, luego de denunciar una reducción en los apoyos y cuestionar el procedimiento utilizado para asignarlos.
En un mensaje enviado a este medio, integrantes de la comunidad estudiantil señalaron que la protesta responde a presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y solicitaron apoyo para difundir sus demandas. También advirtieron que la situación en el plantel se estaba tornando violenta, aunque no precisaron qué hechos habían ocurrido ni quiénes estarían involucrados.
De acuerdo con los materiales difundidos por los estudiantes, en 2025 se otorgaron 24 becas, mientras que para 2026 se asignaron 14. La comunidad sostiene que, aunque se solicitaron 91 millones de pesos para este rubro, se aprobaron 69 millones, una diferencia de 22 millones respecto de lo requerido.
Los inconformes también cuestionan que la asignación de los apoyos se realizara mediante un sorteo. En sus comunicados señalan que el procedimiento carece de suficiente claridad y exigen que las autoridades expliquen los criterios utilizados para determinar quiénes recibirían una beca.
Entre sus demandas se encuentran la publicación de información sobre los recursos solicitados, autorizados y ejercidos entre 2024 y 2026; una explicación sobre el fundamento normativo del sorteo; una revisión del uso del presupuesto y garantías de que no habrá represalias académicas contra quienes participan en el movimiento.
Los estudiantes también cuestionaron que, según la información que recibieron, la auditoría de los recursos destinados a becas se realizaría hasta 2027, por lo que exigieron respuestas y una revisión oportuna.
Hasta el momento, los señalamientos sobre un presunto mal manejo de 20 millones de pesos corresponden a las denuncias de los estudiantes y no constituyen, por sí mismos, una irregularidad comprobada. Se requiere la versión de las autoridades universitarias y la revisión de documentación oficial para determinar el destino de los recursos y la legalidad del procedimiento de asignación.
