Un juez de Tamaulipas ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias del senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, al considerar que difícilmente se puede sostener que la autoridad hacendaria actuó en el marco constitucional porque invadió facultades del Ministerio Público al asumir una investigación criminal para imponer el congelamiento.
El hermano del gobernador de Tamulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó que la UIF bloqueó de manera inconstitucional cuatro cuentas que tiene en Banregio y Banco Mercantil del Norte.
El congelamiento se dio a partir de la investigación sobre una presunta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada contra el mandatario tamaulipeco en la que participan la Fiscalía General de la República y autoridades de Estados Unidos.
El juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito, otorgó la suspensión provisional al legislador, pues consideró que no se cuenta con algún elemento que permita concluir que con la medida cautelar se ocasionaría un perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público.
En su resolución, sostuvo que se desconoce el origen y el sustento legal del bloqueo, el cual, de continuar, ocasionaría daños y perjuicios de difícil reparación al senado, consistentes en la privación del derecho que le asiste de disponer de los recursos de las cuentas de la que es titular.
El juez destacó que no es válido afirmar por parte de la autoridad hacendaria que la suspensión otorgada tendrá como consecuencia permitir que se lleven a cabo operaciones vinculadas con actos ilícitos, debido a que no se tienen las constancias necesarias que lo demuestren.
La UIF argumentó que la inclusión de Ismael García en la lista de personas bloqueadas se dio con base en existencia de elementos suficientes para inferir que las cuentas bancarias estaban siendo utilizadas para operar recursos que tienen una procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional.
Sin embargo, Gutiérrez Pérez señaló que es difícil sostener que la UIF actuó dentro del marco constitucional.
Explicó que en lugar de presentar la denuncia para dar paso a la intervención del Ministerio Público, dio por hecho que se cometió un delito como parte de una investigación que, cuando menos, es materialmente de orden criminal.
Expuso que si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma por su cuenta la investigación, aún implícita, de delitos penales y adopta medidas de aseguramiento de cuentas bancarias, sin intervención del Ministerio Público, no se puede decir que procede dentro del orden constitucional.
Señaló que en todo caso está ejerciendo facultades reservadas al MP e incluso a los jueces de control “tratándose de ciertas medidas cautelares que requieren de control judicial”
