La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, continúa vinculado a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos, pese a que obtuvo una suspensión definitiva mediante un amparo.
La resolución únicamente detiene el avance del procedimiento hacia el juicio oral mientras se resuelve el recurso judicial.
“Ernesto ‘N’ se encuentra actualmente vinculado a proceso por su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos. La investigación en su contra continúa”, señaló la dependencia en un comunicado difundido este domingo. La Fiscalía precisó que la medida no implica el cierre del caso y reiteró que mantendrá las indagatorias para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
La suspensión fue concedida el pasado 29 de octubre por Azucena Lazalde Iñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca.
El recurso, identificado con el amparo 1085/2026, fue promovido contra el auto de vinculación a proceso dictado en julio por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. En su resolución, la juzgadora estableció: “se concede la suspensión definitiva solicitada contra los actos”.
Con ello, el expediente permanece en la etapa intermedia y no podrá comenzar el juicio oral hasta que se resuelva el amparo.
Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el 16 de julio en Ensenada, señalado por su presunta participación en un esquema de importación ilegal de combustibles a través de la empresa Ingemar, de la que habría sido socio fundador y secretario del Consejo de Administración. De acuerdo con las investigaciones, las operaciones habrían ocasionado un daño al erario cercano a los cuatro mil millones de pesos.
El exmandatario enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Actualmente permanece bajo resguardo domiciliario y vigilancia de la Guardia Nacional, medida autorizada el 25 de septiembre tras permanecer alrededor de dos meses y medio en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
