La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos”, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobierno estadounidense sancionó por la vía financiera al complejo turístico Kovay Gardens, en Nayarit y a 17 empresas y cinco mexicanos.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.
La UIF indicó que llevó a cabo análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el Occidente del país.
“La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos”, indicó.
Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales.
