La Cámara de Diputados aprobó este 9 de abril, en lo general y en lo particular, el denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de una sesión que se prolongó por más de 16 horas y estuvo marcada por confrontaciones entre legisladores.
El dictamen, que contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, fue avalado con 343 votos a favor por parte de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, frente a más de 120 votos en contra de las bancadas de oposición.
Por su parte, el aval en lo general se dio tras una discusión de aproximadamente cuatro horas, en la que los legisladores de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron a favor.
En tanto, los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), lo hicieron en contra.
Ahora, la discusión continúa en lo particular y, una vez hechos o no algunos cambios, la iniciativa terminará su trámite en el Congreso de la Unión, ya que el Senado ya la avaló también, y será enviada a los poderes legislativos de los estados.
Vale la pena señalar que, en esta ocasión MC acompañó al bloque oficialista, pues según el diputado emecista Pablo Vázquez, su partido “no será un obstáculo” para reducir los privilegios y el gasto en instituciones públicas.
¿DE QUÉ TRATA EL ‘PLAN B’?
Sin los cambios que pudiera sufrir en su discusión particular, el ‘Plan B’ en materia electoral propone:
Reducción de privilegios
La iniciativa tiene como prioridad la reducción de privilegios a nivel local, en municipios y congresos locales.
En el caso de los ayuntamientos se reducirá el número de regidores, a entre 7 y 15, dependiendo la población de cada región y se limitará a una sindicatura por municipio.
También en congresos locales habrá un tope salarial de .70% de egreso de cada entidad.
Los ahorros a estas reducciones serán destinados a obras de infraestructura para municipios y estados.
No ganar más que la Presidenta
A su vez, el proyecto contempla que, para funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales estatales habrá una reducción de salario y no podrán ganar más que la Presidenta.
Para ello serán retirados seguros de gastos médicos mayores, así como ingresos adicionales.
Asimismo, en el caso del Senado se propuso una reducción del gasto progresivo hasta llegar a un 15%.
