La tarde del pasado 29 de abril la clase política mexicana fue expuesta a un auténtico tsunami mediático.
Desde Estados Unidos, un ‘misil’ salido del Departamento de Justicia impactó en el seno morenista al acusar a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de sostener vínculos con el narcotráfico.
La prensa y la oposición no han parado de preguntar a la presidenta Claudia Sheinbaum cómo su gobierno enfrentará las acusaciones directas contra perfiles guinda.
La respuesta de Morena y de la administración federal se han alineado a una petición de pruebas a EU. que sustenten los crudos señalamientos a 10 ciudadanos mexicanos, a quienes se les acusa de estar vinculados con Los Chapitos, facción del dividido Cártel de Sinaloa.
Pero no es la primera vez que sucede algo similar en un gobierno mexicano contemporáneo. En este marco, en Nación321 recordamos cómo en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, uno de los sexenios más manchados por escándalos de corrupción gubernamental, se desarrollaron investigaciones contra gobernadores y exgobernadores que, incluso, derivaron en detenciones y encarcelamientos de estos políticos de alto rango.
DETENCIONES EN LA ERA PEÑA NIETO
El sexenio del priista Enrique Peña Nieto estuvo dinamitado por escándalos de corrupción en distintos niveles del gobierno, con diferentes personajes implicados.
De acuerdo con encuestas, la estela de corrupción en esta administración fue, en gran medida, la razón por la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desgastó su tambaleante imagen y terminó sucumbiendo en la urnas en 2018 ante el torbellino de Morena, Andrés Manuel López Obrador y aliados.
Sin embargo, desde Los Pinos, donde despachaba Peña Nieto, el mensaje fue claro: no se tendrían concesiones con gobernadores y exgobernadores acusados de corrupción. No importó si los involucrados eran miembros del tricolor.
En conferencia de prensa del 18 de abril de 2017, el Presidente no tuvo reparo en pedir que el peso de la justicia recayera sobre los priistas Javier Duarte y Tomás Yarrington, exgobernadores de Veracruz y Tamaulipas, respectivamente, quienes recientemente habían sido detenidos.
“Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos”, aseguró EPN, quien enfatizó que los servidores públicos asumen “la demanda sentida” de la sociedad mexicana para tener un servicio público que se caracterice, “invariablemente por su integridad, probidad y honestidad”.
JAVIER DUARTE (PRI)
El polémico Javier Duarte de Ochoa, de extracción priista, fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, acusado de encabezar una red masiva de corrupción y desvío de recursos.
Duarte había renunciado a su cargo ante los señalamientos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Luego de dejar el puesto y estar desaparecido, fue hallado en un hotel de Panajachel, Guatemala.
Extraditado en México, enfrentó juicios por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Fue en septiembre de 2018 cuando se declaró culpable a través de un juicio abreviado y fue sentenciado a 9 años de prisión, que este 2026 está próximo a cumplir en el Reclusorio Norte.
Sin embargo, a pocos días de ser liberado, desde abril pasado enfrenta nuevos procesos en su contra, ahora por peculado y desvío de 5 millones de pesos del erario.
ROBERTO BORGE (PRI)
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, acusado de corrupción, lavado de dinero y desvío millonario de recursos.
También salido de las filas del PRI, Borge, quien gobernó de 2010 a 2016, fue capturado por la Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, cuando pretendía viajar a París.
Una vez extraditado a México, enfrentó cargos por delincuencia organizada, desvío y enajenación ilegal de 22 bienes inmuebles de la reserva territorial de la entidad administrada por el Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE).
Se le acusó de haber rematado estos terrenos públicos a precios extremadamente bajos a una red de familiares, amigos y prestanombres. La afectación inicial calculada a las arcas del estado fue de más de 900 millones de pesos.
Se le acusó también de delincuencia organizada y se le señaló de liderar una banda delictiva dedicada al desvío de fondos. Además le abrieron carpetas de investigación adicionales por delitos como peculado y desempeño irregular de la función pública por el desvío de 594 millones de pesos mediante subcontrataciones y otorgamiento de concesiones ilícitas.
De momento está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, por el delito de lavado de dinero, además se que arrastra una orden de prisión preventiva obligatoria por delincuencia organizada.
TOMÁS YARRINGTON (PRI)
Otro de los gobernadores del tricolor que cayeron en el sexenio de Peña Nieto es Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien fue detenido en Florencia, Italia, el 9 de abril de 2017.
Tras una lluvia de recursos legales, fue extraditado a México hasta el 9 de abril del 2025, para hacer frente a cargos de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y recepción de sobornos durante su mandato, de 1999 a 2004.
Está acusado por la DEA de recibir millones de dólares en sobornos de parte del Cártel del Golfo y Los Zetas, a cambio de darles ‘vía libre’ para el trasiego de drogas como cocaína y mariguana hacia Estados Unidos.
En 2021 logró un acuerdo de culpabilidad por el delito de lavado de dinero, al aceptar que recibió 3.5 millones de dólares mediante la compra fraudulenta de inmuebles de lujo en Texas, por lo que se le impusieron 9 años de prisión
Actualmente está en el penal de máxima seguridad de 'El Altiplano’, sentenciado por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
ANDRÉS GRANIER (PRI)
Andrés Granier Melo también fue detenido en el sexenio peñista. Fue el 25 de junio de 2013, cuando el exgobernador de Tabasco fue aprehendido en la Ciudad de México, acusado de desfalco multimillonario, peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal en su gestión, de 2007 a 2012.
La principal razón de su captura fue por el boquete financiero histórico en el estado. La fiscalía local lo acusó formalmente del desvío de 196 millones de pesos pertenecientes al sector salud durante el año 2010. Por este caso, un juez lo condenó originalmente a casi 11 años de prisión.
Sin embargo, también le fueron imputados delitos como lavado y defraudación, por lo que fue sentenciado a permanecer en prisión más de cinco años.
Al cumplir 70 años, en 2019, su defensa logró que llevara su proceso en prisión domiciliaria, por lo que fue trasladado a una residencia en Coyoacán, al sur de la CDMX.
Y ese mismo año, en mayo, recibió una absolución definitiva, luego de que un juez calificó como insuficientes las pruebas en su contra por los cargos de peculado y lavado de dinero, por lo que fue exonerado. El proceso que llevó fue calificado por Granier como una “persecución política”.
FLAVINO RÍOS ALVARADO (PRI)
Aunque su nombre no es tan conocido, Flavino Ríos fue gobernador interino de Veracruz, luego de la salida de Javier Duarte, quien solicitó una licencia temporal al cargo, con efectos para el 12 de octubre de 2016.
Ríos fue detenido el 12 de marzo de 2017 en Xalapa. Su arresto ocurrió debido a acusaciones de haber facilitado la huida del exgobernador Duarte de Ochoa, quien en ese momento se encontraba prófugo de la justicia.
Fue señalado por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento por favorecimiento y tráfico de influencias en agravio del servicio público y procuración y administración de la justicia.
Actualmente, quien fuera secretario de Gobierno en el sexenio de Duarte, se encuentra libre y exonerado, tras demostrarse anomalías en el proceso. Luego de ser absuelto, le fue devuelta su patente como notario público en el municipio de Minatitlán, Veracruz, actividad que retomó de manera formal.
GUILLERMO PADRÉS (PAN)
El dicho “en todas partes se cuecen habas” toma sentido en la lista de gobernadores y exgobernadores con malos manejos de recursos durante sus gestiones.
En ese sentido, no solo los mandatarios priistas tuvieron problemas con la ley, pues los de Acción Nacional también tuvieron su parte en el problema de corrupción.
Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, fue detenido en noviembre de 2016 luego de que se entregara voluntariamente por los señalamientos de lavado de dinero, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la gestión que encabezó de 2009 a 2015.
El panista fue acusado de recibir sobornos millonarios a cambio de contratos estatales para la fabricación de uniformes escolares, los recursos de estas transacciones fueron dispersados a cuentas de empresas fachada en el extranjero, luego se triangularon para ser enviados a familiares directos en México.
Además se le acusó de defraudación fiscal, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) encontró irregularidades entre sus ingresos declarados y la riqueza que había amasado, por lo que había un hueco de 70 millones de pesos en omisión de pago de impuestos.
A nivel local, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora le abrió indagatorias por los delitos de peculado e incumplimiento del deber legal, relacionados con el presunto desvío de fondos destinados a infraestructura pública y el sector Salud.
De momento su proceso sigue abierto y si bien no está preso, tiene libertad condicional, luego de dos años preso en el Reclusorio Oriente. En febrero de 2019 obtuvo cambio en la medida cautelar tras pagar una fianza de 40 millones de pesos y la colocación de un brazalete electrónico de geolocalización. No tiene permitido salir del país.
Luego de varios años de disputa legal, su defensa ha logrado desechar algunos de los cargos más graves en su contra, como delincuencia organizada y lavado de dinero.
LUIS REYNOSO FEMAT
El polémico exgobernador panista Luis Armando Reynoso Femat ha sido detenido en dos ocasiones, señalado de peculado y defraudación fiscal.
La primera detención ocurrió en mayo de 2014, en plena Feria Nacional de San Marcos, por el delito de peculado. La segunda captura fue en julio de 2015, por defraudación fiscal
Finalmente, en 2023 liquidó un pago de 14.2 millones de pesos a Aguascalientes para reparar el daño por el caso de una compra simulada de un tomógrafo en 2008. Hoy se encuentra en libertad.
