“La compra de esta propiedad es fruto de mi trabajo”, es la frase que los mexicanos hemos escuchado multiplicarse en boca de diferentes políticos cuando han intentado justificar gastos millonarios en residencias que los han puesto en el ojo público.
Los múltiples casos de corrupción en gobiernos que han salido a la luz hacen que tanto medios de comunicación como la población cuestionen los fondos de los que dispone la clase política para pagar propiedades multimillonarias.
Por lo anterior, es común que, al darse a conocer gastos con varios ceros para la compra de mansiones en residenciales exclusivos, se cuestione el origen de recursos que, en varios casos, no coinciden con los sueldos elevados que este sector percibe del erario.
Es por eso que actualmente, el aún presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, se encuentra otra vez en el tornado de críticas tras darse a conocer la compra de una propiedad valuada en 12 millones de pesos ubicada en una zona exclusiva en el municipio de Tepoztlán, Morelos.
A propósito de esta situación, bien vale la pena recordar otros casos de políticos cuyas compras de residencias con costos altísimos —imposibles de pagar para una abultada mayoría de mexicanos— han desatado una ola de críticas y cuestionamientos e indignación.
NOROÑA, LUJO EN MORELOS
Después de años de presentarse como habitante de una vecindad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, adquirió en noviembre de 2024 una casa valuada en 12 millones de pesos en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos.
La propiedad cuenta con una extensión de mil 201 metros cuadrados de terreno y 259 metros de construcción, de acuerdo con una investigación de Eme Equis.
La vivienda, que el legislador había rentado previamente y ahora paga mediante un crédito hipotecario, destaca por sus espacios amplios y la combinación de lujo con un estilo rústico.
El jardín principal muestra un extenso césped rodeado de árboles y plantas, con vista directa a las montañas del Tepozteco.
El contraste entre el discurso de austeridad republicana que Noroña ha sostenido y su nueva residencia ha desatado críticas, pues el legislador ha sido un abierto opositor a la ostentación y promotor de la consigna “primero los pobres” y vivir en la “justa medianía”.
La propiedad se suma a otros bienes reportados en sus declaraciones patrimoniales: un automóvil Volvo de 650 mil pesos adquirido en 2023, así como una camioneta de 1.5 millones de pesos en 2021, ambas con créditos aún vigentes.
En su defensa, el senador afirma que toda la información de sus bienes está publicada y que sus ingresos provienen de su sueldo legislativo, su pensión del Bienestar y la monetización de sus transmisiones en YouTube, que en años recientes llegó a representar hasta 188 mil pesos mensuales adicionales.
Sin embargo, el tema ha salido de las paredes del Senado de la República y ha llegado hasta el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, y la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cuestionada al respecto.
DUARTE, UNA FORTUNA INEXPLICABLE
El polémico exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es uno de los perfiles políticos que retaran con mayor exactitud la corrupción en el país.
Duarte, quien actualmente cumple una condena de nueve años de prisión por el desvío de recursos, lavado de dinero y asociación delictuosa, es una de las figuras más cuestionadas de los últimos años, sobre todo por poseer un patrimonio que no empata con los sueldos ganados durante su carrera política.
En su momento, se le acusó de haber adquirido propiedades en múltiples estados de México y en el extranjero, utilizando recursos públicos para financiar su estilo de vida.
El inventario multimillonario de propiedades de Javier Duarte despertó tanto asombro como indignación, con propiedades en varios estados, incluyendo:
- - Veracruz: Cuatro departamentos en la Torre Pelicano, en Boca del Río, con un costo de adquisición de 10 millones de pesos.
- - Quintana Roo: Cinco inmuebles en Cancún, donde uno de los departamentos fue comprado por 3 millones de pesos.
- - Campeche: 21 parcelas en el municipio de Lerma, adquiridas a precios por debajo del costo original.
- - Ciudad de México: Propiedades en el exclusivo barrio de Polanco (Campos Elíseos) y en Santa Fe, con un valor de 45.5 millones de pesos cada uno.
- - Estado de México: Un rancho en Valle de Bravo, valorado en aproximadamente 200 millones de pesos.
- - Guerrero: Cuatro departamentos en el condominio Finestre Ixtapa Zihuatanejo, cada uno valorado en USD 1.5 millones.
En total, al exmandatario priista de Veracruz se le incautaron 42 bienes cuyo valor se estima en aproximadamente 600 millones de pesos... pero también le fueron confiscados cuadros, esculturas y hasta un bote.
Su gestión se ha convertido en un símbolo de la impunidad que ha permeado a lo largo de los años en la política mexicana.
La red de complicidades que rodeó a Duarte incluye a personajes clave en su administración, así como a empresarios que facilitaron el desvío de fondos a través de prácticas ilegales.
CASA BLANCA DE EPN Y ANGÉLICA RIVERA
La ‘Casa Blanca’ del expresidente Enrique Peña Nieto es uno de los escándalos políticos más emblemáticos de México.
Este caso, revelado en un reportaje de la periodista Carmen Aristegui el 9 de noviembre de 2014, desató una ola de indignación y cuestionamientos sobre la transparencia y la corrupción en el gobierno mexicano.
Se trató de la compra de una mansión en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, por parte de la exprimera dama Angélica Rivera, a un costo de 7 millones de dólares, algo así como 86 millones de pesos al tipo de cambio de ese entonces.
La propiedad fue construida por Grupo Higa, una empresa que recibió contratos de obra pública durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
Esta relación llevó a acusaciones de conflicto de interés y corrupción, lo que resultó en una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública, que finalmente exoneró a los implicados.
El escándalo generó una fuerte reacción pública y Peña Nieto se vio obligado a ordenar una investigación a la Secretaría de la Función Pública, el 3 de febrero de 2015.
A pesar de ser exonerado, el escándalo de la ‘Casa Blanca’ dejó una marca imborrable en la imagen de Peña Nieto.
En agosto de 2018, el expresidente reconoció que este caso fue uno de los errores más grandes de su administración. La indignación pública y la pérdida de confianza en las instituciones se incrementaron, afectando su popularidad y la de su partido, el PRI, quien dejó la Presidencia en 2018.
LA OSTENTOSA ‘CASA GRIS’
La revelación de la renta que pagaba José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente morenista Andrés Manuel López Obrador, causó una oleada de críticas a la gestión del tabasqueño por señalamientos de incongruencia entre el mensaje de austeridad desde Palacio Nacional y lo que algunos llamaron “despilfarro” del primogénito de AMLO.
El 27 de enero de 2022, el hijo mayor del presidente fue señalado por pagar una renta mensual de 100 mil pesos mexicanos para vivir en una casa propiedad del ejecutivo de Baker Hughes, Keith L. Schilling.
Se reveló que era una lujosa mansión en Houston, con cine privado y alberca de 23 metros, que se volvió un símbolo “de la incongruencia y la corrupción del gobierno”, según escribió Loret de Mola en Latinus, el medio que dio a conocer este caso.
Un reportaje reveló que el hijo de López Obrador repartió millonarios contratos, a través de licitaciones simuladas, a sus amigos más cercanos, beneficiándolos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, también conocido como Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).
Según lo informado por Mexicanos contra la Corrupción, “el 16 de agosto de 2019, José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, ocuparon la llamada ‘Casa Gris’ y ese mismo día, coincidentemente, una filial de Baker Hughes en Estados Unidos firmó un contrato con Pemex Procurement International (PPI) en su sede en Houston”.
Los documentos inéditos muestran que en los dos meses siguientes PPI asignó a dos filiales de Baker Hughes otros siete contratos que, en conjunto, sumaron 1 millón 94 mil dólares.
‘ALITO’, LA OPULENCIA DE 300 MILLONES DE PESOS
Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, tampoco ha estado exento de escándalos relacionados con costos de propiedades.
En 2024 se reveló la mansión de ‘Alito’ en Campeche, valuada en 300 millones de pesos, que capturó la atención pública por su extravagancia y los escándalos que la rodean.
Situada en Lomas del Castillo, uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad, esta lujosa residencia ha sido objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato como gobernador.
La mansión destaca no solo por su valor monetario, sino por las características únicas que posee.
La propiedad, que se extiende por aproximadamente 7 mil metros cuadrados, cuenta con múltiples albercas, amplios jardines y una arquitectura que combina lujo y comodidad:
- - Albercas y jardines: La residencia cuenta con varias albercas que se integran perfectamente con los jardines, ofreciendo un espacio ideal para el entretenimiento y la relajación.
- - Sala de cine: La mansión incluye una sala de cine equipada con 18 asientos reclinables y una enorme pantalla, ideal para disfrutar de películas en la comodidad del hogar.
- - Bar extravagante: Uno de los aspectos más llamativos es el bar en el segundo nivel, que presenta un Cadillac convertido en barra y un Mustang clásico como mesa de billar.
- - Baños de lujo: Los baños de la mansión están revestidos de mármol y cuentan con jacuzzis, tinas y hasta asientos de madera, ofreciendo un espacio de relajación excepcional.
- - Obras de arte: La colección de arte incluye esculturas y pinturas valuadas en más de 50 millones de pesos, con obras de artistas reconocidos.
- - Espacios de entretenimiento: La mansión ofrece amplios vestíbulos, enormes ventanales y un diseño que maximiza la luz natural, creando un ambiente acogedor y lujoso.
La residencia ha estado en el centro de la controversia desde que la Fiscalía de Campeche la cateó en julio del año pasado, en el marco de una investigación por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita durante la gestión de ‘Alito’ Moreno como gobernador, de 2015-2019.
Aunque la mansión ha sido reportada en diversas ocasiones con un valor de 180 millones de pesos, informes recientes indican que su valoración real podría ascender a 300 millones de pesos, sumando el costo de obras de arte y otras amenidades.
El estilo de vida ostentoso de ‘Alito’ Moreno ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión como funcionario público. Las investigaciones en curso han puesto en tela de juicio la legalidad de los recursos con los que adquirió su fortuna, lo que ha llevado a la Fiscalía de Campeche a solicitar -sin éxito- su desafuero por presuntos delitos de corrupción.
La mansión de Moreno en Campeche no solo es un símbolo de lujo, sino también un reflejo de la controversia que rodea al exgobernador.
CASA DE SANDRA CUEVAS, PARA EL ANECDOTARIO
Hablando de casas polémicas... la vivienda de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, también tuvo ‘foco’ de medios de comunicación... aunque por razones muy distintas al resto del listado de esta nota informativa.
En febrero de 2023, cuando era mandataria local, Cuevas enfrentó un auténtico zafarrancho frente a su casa, ubicada en la colonia Santa María La Ribera, cuando un grupo de manifestantes llegaron a ese punto para protestar en contra del retiro de un equipo de sonido para que vecinos pudieran bailar en el parque del Kiosko Morisco.
La movilización ciudadana se dio luego de la decisión de Cuevas de retirar esta actividad de la colonia.
El movimiento incluso terminó en un enfrentamiento entre los manifestantes y policías.
Por su parte, la entonces alcaldesa culpó que la convocatoria para manifestarse frente a su casa fue orquestada desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad.
“Responsabilizo a la Jefa de Gobierno de cualquier agresión física o verbal a mi persona, familia o colaboradores por la manifestación convocada a través de su grupo de sonidero afuera de mi casa. ¡@Claudiashein, respeta la paz y seguridad de los vecinos de Sta. Ma. la Ribera!”, escribió la alcaldesa ante el incómodo momento.
LA LEY ‘3 DE 3′, ¿ANTICORRUPCIÓN?
Ante estos casos de opulencia, algunos vinculados con casos de corrupción en gobiernos federales y estatales, hay una ‘herramienta’ en nuestro país, conocida como ‘3 de 3′ que busca una lucha frontal contra el abuso del poder para beneficio personal.
La ‘Declaración 3 de 3′, comúnmente conocida en México, se refiere a la obligación de los servidores públicos y candidatos de presentar tres tipos de declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal.
Esta iniciativa, impulsada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), busca promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito público.
Desde su implementación en 2016, ha sido una herramienta clave en la lucha contra la corrupción. La declaración patrimonial permite a la ciudadanía conocer el estado y evolución del patrimonio de los servidores públicos.
Incluye información sobre ingresos, bienes inmuebles, vehículos y otros activos. La declaración de intereses, por su parte, revela actividades o relaciones que podrían influir en la toma de decisiones de los funcionarios. Finalmente, la declaración fiscal asegura que los servidores públicos estén al día con sus obligaciones tributarias.
La Declaración 3 de 3 se remonta a 2014, cuando Transparencia Mexicana propuso que todos los candidatos a un cargo de elección pública hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
Esta propuesta ganó apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil y fue reconocida en el marco de la discusión sobre la corrupción en el país.
El 15 de diciembre de 2014, durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, el senador Zoé Robledo exhortó a la clase política a hacer públicas estas declaraciones.
La presión ciudadana culminó en la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, que se promulgó en julio de 2016. Esta ley estableció la obligación de presentar las tres declaraciones, aunque con ciertos matices que han generado debate y críticas.
Desde su implementación en 2016, la presentación de la Declaración 3 de 3 se convirtió en una obligación legal para muchos servidores públicos.
Sin embargo, es importante señalar que no todos los candidatos a cargos de elección popular están obligados a presentar estas declaraciones, aunque organizaciones como Transparencia Mexicana han instado a que lo hagan como un acto de buena fe y compromiso con la transparencia.
A pesar de los avances logrados, la Declaración 3 de 3 no ha estado exenta de críticas. Uno de los principales desafíos ha sido la falta de formatos aprobados para las declaraciones de intereses, lo que ha dificultado la plena implementación de la ley.
Además, hay quienes argumentan que la ley debería ser más estricta y que la obligación de presentar las declaraciones debería extenderse a todos los candidatos, independientemente de su estatus como funcionarios públicos.
La percepción de que la ley no se aplica de manera uniforme también ha generado desconfianza entre los ciudadanos. Muchos se preguntan si las declaraciones realmente tienen un impacto en la conducta de los funcionarios y si se están tomando medidas efectivas para sancionar cualquier irregularidad.
