El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó al Gobierno federal de emprender una “cacería de brujas” contra políticos de oposición tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y exigió que la ley se aplique sin distinciones partidistas.
El dirigente panista sostuvo que corresponde al exmandatario responder a los señalamientos en su contra por el presunto contrabando de combustible, pero afirmó que preocupa que el mismo criterio no se utilice en casos donde, dijo, existen investigaciones que vinculan a funcionarios de Morena con el crimen organizado.
“La ley tiene que aplicar de la misma forma para todas y todos los mexicanos sin que haya ningún tipo de viso político”, enfatizó.
Romero consideró que resulta llamativo que, mientras existen acusaciones contra políticos del partido gobernante, la administración federal concentre sus acciones contra integrantes de la oposición.
En ese contexto, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar el cumplimiento del Estado de derecho y permitir que las autoridades investiguen a servidores públicos señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Asimismo, reiteró que, si la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no tiene nada que ocultar por las conversaciones en las que presuntamente se le escucha hablar con autoridades estadounidenses sobre temas de seguridad nacional, debería solicitar licencia a su cargo y ser investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Lo que hemos escuchado en voz de la gobernadora de Baja California no es un caso aislado, es la confirmación de lo que el PAN ha denunciado sistemáticamente: la política de ‘abrazos, no balazos’ no era ineptitud, es un pacto de impunidad con los grupos criminales”.
El líder panista también cuestionó el funcionamiento del nuevo Poder Judicial derivado de la elección judicial. Aseguró que el relevo del juez que inicialmente rechazó las órdenes de aprehensión contra Ruffo Appel y la designación posterior de otro juzgador que sí las concedió fortalece la percepción de que existen “jueces del acordeón” y resoluciones influenciadas por intereses políticos.
Además, anunció que Acción Nacional presentará las denuncias correspondientes y solicitará que el Congreso de la Unión llame a comparecer a los funcionarios involucrados, al considerar que se trata de un atentado contra la soberanía nacional.
Romero Herrera también pidió a la presidenta romper cualquier presunto acuerdo con el crimen organizado y reiteró su exigencia de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones que, afirmó, existen en su contra.
“Quien pacta con el crimen y traiciona a la patria, no puede seguir gobernando”, sentenció.
