El sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo tenía en 1976 una orden de aprehensión en Tijuana por tráfico de heroína y cocaína. Vivía tranquilo: hasta se volvió accionista del banco Somex. En mayo de 1983 –todo esto tomado de Luis Astorga*– en sociales de El Sol de Sinaloa, Félix Gallardo apareció apadrinando a Rodolfo Sánchez Duarte, hijo de Leopoldo Sánchez Celis, exgobernador de Sinaloa y que a su vez era padrino de bodas del narcotraficante, quien había sido, además, su guardaespaldas. La desgracia del llamado Jefe de jefes comenzó en febrero de 1985, con el asesinato de Kiki Camarena, pero un mes antes Sánchez Celis y él inauguraron un negocio automotriz. En 1989 muere el exmandatario, apresan a Félix Gallardo y un año después, cuando lo iba a visitar al penal, asesinan en Ciudad de México a su ahijado, Rodolfo Sánchez Duarte.
Cincuenta años después México vive la tragedia de Sinaloa: dos bandas de narcotraficantes llevan 20 meses matándose (y matando inocentes, además de tener secuestrados en sus casas a vecinos que nada malo han hecho), y el gobierno de Estados Unidos acusa al gobernador con licencia, a un senador que fue su secretario de Gobierno y al exalcalde de Culiacán, además de otros siete exfuncionarios, entre ellos de la fiscalía estatal, de narconexos.
Sinaloa muestra que no es verdad que estemos como hace medio siglo. Estamos peor. Porque se supone que los tiempos de tolerancia al crimen habían pasado, que la lección de la guerra fallida de Calderón nos obligaba a crear policías, jueces y fiscalías que hicieran una diferencia, y porque desde 2018 la izquierda prometió un modelo efectivo, atendiendo causas y confiando en las Fuerzas Armadas como muro ante el poder corruptor.
Y la graduación de peor recae también en dos factores: el primero, por los múltiples indicios de que el ámbito que los políticos se solían reservar para ellos, el electoral y el del ejercicio del gobierno en sí mismo, ahora no solo es compartido sino hay traslape de funciones: los narcos (genérico para definir criminal de poderío e intereses más allá de los enervantes) cogobiernan, y segundo, por las oportunidades perdidas: ahí está de ejemplo Sinaloa, donde en 2021 tras haber regido la universidad y el Poder Judicial estatal, arriba el tándem Rocha-Inzunza, que hoy es acusado de una gobernanza criminal.
El discurso soberanista de la presidenta Claudia Sheinbaum cada día se devalúa más. Y no, no ocurre así por la andanada incesante de Estados Unidos –ayer, la CIA vía CNN, reclama la autoría de un atentado mortal cerca del AIFA, y en una audiencia en el Congreso, la DEA anuncia que Rocha es apenas el inicio de su cacería–; lo que realmente vacía de significado la proclama nacionalista de la mandataria es la realidad de la violencia.
Una madre y una hermana buscadoras son asesinadas en Guanajuato un día antes de que la presidenta proclame el 10 de mayo el fin de la violencia contra las mujeres, y mujeres y niños son, en su mayoría, los que lloran y claman por ayuda tras ser desplazadas, con asesinatos y ataques con drones, de su comunidad en la zona de Chilapa, Guerrero… otros desplazados de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, lamentan igualmente el exilio forzado. Mientras, como en Sinaloa, en Jalisco las muertes y las desapariciones siguen tras la caída de El Mencho.
En Guerrero gobierna Morena. En Chihuahua el PAN, en Jalisco MC. Y podemos seguirnos con Zacatecas, Michoacán o Colima...
El problema de la presidenta no es solo Trump, sino sobre todo una realidad donde las instituciones son endebles, la corrupción política enorme y los criminales incontenibles. En algunos casos, sí, desde hace 50 años, pero en otros se ha podrido más desde 2018.
*El Siglo de las Drogas (DeBolsillo, 2016)