En cosa de nada, unos 13 meses, habrá elecciones en Sinaloa. Morena gobierna (es un decir) ese estado y obviamente querrá retener la gubernatura. Esa ruta está bloqueada por un nuevo “temita”: Los Rocha, más allá del narco.
La Presidencia de México ha pedido a Estados Unidos pruebas que sustenten la acusación –tramitada con solicitud de detención con fines de extradición– en contra del hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
El caso enfrenta a dos gobiernos y es de pronóstico reservado. Pero en el plano nacional en los últimos días se han producido indicios periodísticos que conforman un problemático asunto para el partido que prometió erradicar la corrupción.
Está por ejemplo el reportaje de Valeria Durán, de Mexicanos contra la Corrupción, publicado el 7 de mayo. Aquí los tres primeros párrafos.
“José Carlos Cárdenas Mellado, quien ha sido socio en dos empresas de José Jesús Rocha Ruiz, el hijo menor de Rubén Rocha Moya, obtuvo contratos por más de 11 millones de pesos en el gobierno de Sinaloa para abastecer de alimentos al DIF y a los Servicios de Salud del estado.
“El contrato asignado en esta última dependencia fue firmado por Eduardo Aguirre Medina, director administrativo del sector salud sinaloense, y quien también es socio en dos empresas de Ricardo Rocha Ruiz, otro de los hijos de Rocha Moya.
“Cárdenas Mellado –el socio que recibió los contratos– se integró en agosto de 2024 al equipo de Rocha Moya, al ser nombrado director del Servicio de Administración Tributaria en Sinaloa. La presidenta del DIF –dependencia que le otorgó los contratos– fue Eneyda Rocha Ruiz, también hija de Rocha Moya”. Chulada.
Hay otros hallazgos de periodistas que tendrían que interesar a las fiscalías: desde vuelos privados donde el exsecretario de Finanzas (también encausado en Nueva York junto con Rocha Moya) Enrique Díaz Vega aparece con los hijos del mandatario (Jorge García Orozco, @jorgegogdl 10/05/26), hasta aumento de la fortuna de Díaz Vega y contratos públicos a socios (Animal Político, 4, 5 y 6 de mayo).
Y no sobra mencionar que El País México publicó (08/05/26): “Enrique Díaz Vega, el hombre del cash detrás de Rocha Moya”.
En el escenario de que Rocha Moya sea inocente de lo que lo acusan en la corte del Distrito Sur de Nueva York, ¿qué procede en el ámbito nacional con los distintos señalamientos que involucran a la familia Rocha en presuntos (digamos) abusos?
Morena está por abrir su inscripción para que todos aquellos que quieran competir el año entrante en las elecciones levanten la mano, sean encuestados y de entre ellos surja a partir de junio el “defensor” de como se llame su esquema para darle la vuelta a la ley electoral.
Pongamos un ejemplo: en un mes tendríamos para Sinaloa, si la lógica tiene algo que ver en la política, que la hoy senadora Imelda Castro, que de tiempo atrás ha trabajado en el obradorismo, sería precandidata o candidata no oficial al gobierno de Sinaloa.
La primera pregunta para ella, y para otros aspirantes en ese estado (y para autoridades nacionales, por lo menos para Raquel Buenrostro y Ernestina Godoy), será: ¿va a investigar las denuncias sobre Los Rocha? ¿O va a pedirle a la prensa pruebas?
De aquí a junio de 2027 serán largos 13 meses para quien trate de evadir en Sinaloa, o en CDMX, la pregunta de si, más allá del narco, no llegó el tiempo de investigar a Los Rocha y a aliados suyos como Díaz Vega.
¿Cómo decía Morena? Tonto es quien cree que el pueblo es tonto…